El déficit fiscal continúa en "rojo" y lejos de la meta que fijó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el cierre del año. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este indicador, que mide la diferencia entre gastos e ingresos públicos, retrocedió a 3.9% del PBI en noviembre.
Por séptimo mes consecutivo, el déficit fiscal acumulado de los últimos 12 meses se ubica en el umbral del 4% del PBI, cuando la regla establecida por el gobierno de Dina Boluarte es de 2,8%. Dicho resultado se explica por el aumento de los ingresos tributarios y la contracción de 2,2% del gasto no financiero por menores desembolsos en bienes, servicios y obras de capital.
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De acuerdo con Adrián Armas, gerente Central de Estudios Económicos del BCRP, el dato de noviembre representa el nivel más alto desde 1992, a excepción del periodo de pandemia que inició en el 2020, cuando este indicador se elevó a 8,9%. A su juicio, es importante preservar la credibilidad fiscal a partir de ser consistentes con las medidas que se implementan.
"No hablo de medidas específicas, pero todo tipo de medidas en una coyuntura como la que tenemos, que reduzcan la presión tributaria, va en contra del objetivo de lograr una consolidación fiscal. Lo mismo por el lado del gasto. Se requiere recuperar un adecuado control del gasto público. Esperamos que para el próximo año el déficit fiscal se reduzca”, señaló.
Como se recuerda, en septiembre, el BCRP elevó su proyección del déficit fiscal para el cierre del año a 3,3% del PBI.
El Congreso viene promoviendo una serie de normas para otorgar beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras o extender la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Todas estas iniciativas del Legislativo afectan el manejo de las finanzas públicas.
Un ejemplo de ello es la denominada Ley Chlimper 2.0. Para Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, esta norma que reduce el Impuesto a la Renta (IR) de 29,5% al 15% para el sector agroindustrial, tendría un alto costo fiscal que asciende a S/20.000 millones en un periodo de 10 años, desde 2025 hasta 2035.
"Si seguimos con estos regalitos tributarios vamos a continuar perjudicando las finanzas públicas y a la larga, eso va a generar endeudamiento público y una precarización del manejo fiscal “, señaló a este medio.
En sintonía con esta declaración, el MEF alertó que el costo fiscal de la medida será de S/1.888 millones anuales, lo que implicaría dejar de recaudar un monto que equivale al 20,7% del presupuesto de inversión en educación y casi el 13% de la partida para previsión social Respecto a la ampliación del periodo de vigencia de la reducción del IGV para restaurantes y hoteles, el MEF sostuvo que esta propuesta beneficiaría en mayor medida a las empresas que no lo necesitan.
Para el exministro de Economía, Pedro Francke, esta prorroga sería irresponsable y no tiene sentido debido a que los problemas del turismo mundial vinculados a la pandemia ya se acabaron. Además, arguyó que aprobar esta medida sería desfinanciar el presupuesto público para el año fiscal 2025.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat), el costo fiscal de la ley 31556 ascendería a S/743 millones de menores ingresos para las arcas del Estado, de los cuales, 5.700 contribuyentes con las mayores ventas, se han beneficiado con más de S/560 millones.
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