El presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Huaura, Víctor Raúl Mosqueira Neyra confirmó que el viernes 12 de dicimbre ordenaron la libertad de presuntos integrantes de las "Hienas Verdes" en cumplimiento de la Ley 31281 y que corresponde a cada juez decidir si aplica el control difuso ante una Ley en un caso concreto, no a un pedido de las autoridades.
Mosqueira Neyra realizó esta declaración, a través de una nota de prensa difundida por la Gerencia de Imagen y Comunicaciones del Poder Judicial, ante el revuelo que ha ocasionado la liberación de siete integrantes de la presunta organización criminal "Las Hienas Verdes" dedicada a la extorsión y que estaría integrada por efectivos policiales.
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La Sala de Apelaciones de Huaura, que preside el juez superior Víctor Raúl Mosqueira, declaró fundado, por mayoría, la apelación presentada por los detenidos en el caso "Las Hienas Verdes" y dispuso su inmediata libertad, pues ninguno de ellos fue detenido en flagrancia delictiva si no por hechos violento que habían ocurrido mucho tiempo antes.
Los detenidos cumplían una orden de detención preliminar por 15 días, desde el 6 de diciembre último, a pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura – Equipo 2, a cargo del fiscal provincial José Antonio Silva Vidal.
La fiscalía les atribuye el delito de extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas de fuego y otros en agravio de empresas de transporte público y de transporte de carga.
Entre los integrantes de dicha organización que operaria desde el año 2022, encabezada por Javier la Rosa, se identificó a tres agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranca.
"Debe precisarse que la liberación de los investigados se da exclusivamente en cumplimiento de la citada ley y que, por referirse a la libertad de imputados, no podía dejar de ser materia de pronunciamiento de parte de la Sala", explicó el magistrado.
Agregó que, en la audiencia del 12 de diciembre, el Ministerio Público se reservó el derecho de apelar.
La Ley 32181, promulgada por la presidenta Dina Boluarte el jueves último, establece que la prisión preliminar solo procede para detenidos en flagrancia. Para el resto de casos, que se descubren después de 48 horas de ocurrido el acto delictivo, solo queda la prisión preventiva previa audiencia pública.
La tarde del jueves, el Ministerio Público informó que apelaran ante la Corte Suprema para que la máxima instancia judicial del país, aplicando el control difuso, se pronuncie sobre la aplicación de la Ley 32181.
Independientemente de la posible apelación, los detenidos quedaron en libertad y la única forma de que vuelvan a perder su libertad, en el momento actual, es a través de un pedido y resolución de prisión preventiva, que requerirá una audiencia pública.
