El juez del "caso Koldo" ordena a la UCO buscar datos de la empresaria de las supuestas comisiones en Ferraz en los móviles de Aldama y Koldo

El magistrado Ismael Moreno, que investiga una parte del "caso Koldo" en la Audiencia Nacional, ha rechazado de momento llamar a declarar a la empresaria, de nombre María del Carmen Pano, que aseguró públicamente en medios de comunicación que llevó en octubre de 2020 dinero en efectivo dentro de bolsas como comisiones ilegales a la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Esta empresaria apuntó a que lo hizo por orden y en nombre de Víctor de Aldama y con el objeto de que, a cambio de los 90.000 euros que asegura que entregó en Ferraz, la empresa Villafuel SL obtuviese la autorización estatal para operar en el sector de los hidrocarburos.

Esta mercantil está siendo investigada paralelamente en otro Juzgado de la Audiencia por la defraudación de 182 millones en el IVA en el marco de la ya conocida como "trama del fuel" por la que Aldama entró en prisión preventiva hasta que salió gracias a la declaración voluntaria ante el juez de "Koldo" en la que lanzó acusaciones de corrupción a miembros del Gobierno y del Partido Socialista.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, sin embargo, requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que indague en si en los móviles y el resto de dispositivos electrónicos que le fueron intervenidos a Aldama, al que fuera el principal asesor de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Koldo García, y al resto de imputados como presuntos miembros de la trama que se investiga, hay "algún dato" de Carmen Pano.

El objetivo de esta nueva diligencia de investigación ordenada por el instructor es obtener información "que permita corroborar las manifestaciones" realizadas por Pano respecto a que pagó "mordidas" por valor de 90.000 euros a cargos socialistas. En función del resulto que ofrezca el análisis de los dispositivos del comisionista, Koldo y el resto de investigados, de si halla la UCO o no alguna referencia a las comisiones que dice haber pagado Pano, decidirá si le llama a declarar como testigo.

Lo que deja claro el instructor es que, en línea con lo manifestado por la Fiscalía, los hecho narrados por Pano "entran en contradicción con el contenido de las evidencias digitales intervenidas" hasta ahora por los agentes y por ello ordena que se compruebe expresamente si figura alguna evidencia.

Tanto Iustitia Europa como el PP, dos de las acusaciones populares presentes en el procedimiento, habían reclamado al magistrado que citase tanto a Pano como a su hija, Leonor María Pano, después de que la madre afirmase en The Objective que era "la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama".