"Aún hay esperanza, pero parece difícil". Así resumen distintos dirigentes territoriales la relación entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que consideran más que difícil que se avance nada en la Conferencia de presidentes que se celebra este viernes en Santander. El objetivo de esta cumbre es acercar posturas y dialogar sobre aquellas cuestiones que más afectan a las competencias territoriales: la sanidad y fiscalidad. Sin embargo, fuentes consultadas por Confidencial Digital ponen en duda que pueda producirse algún avance dadas las malas relaciones entre los dos principales partidos del país.
El único punto es común es la quita de deuda pública. Las discrepancias en este campo son más suaves. Todos los gobiernos autonómicos quieren poner fin a la deuda que acumulan con el Estado, y tras el acuerdo de Esquerra Republicana y el PSC que saca a Cataluña del régimen común, el Gobierno sacó de chistera esta herramienta para acallar las críticas de los presidentes territoriales.
El presidente, Pedro Sánchez, ha aprovechado la cumbre para convocar a las comunidades en enero y comenzar la negociación de la quita. Una cuestión que aún divide a los dirigentes populares, entre quienes la rechazan por considerarla una contrapartida al acuerdo con ERC, y quienes, a pesar de ello, se muestran favorables a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y quieren sanear las cuentas autonómicas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a la capital cántabra, en vez de hacerlo en el mismo día. Una agenda que llevó a la presidente autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a organizar una cena con el líder socialista y el resto de dirigentes autonómicos previa a la cumbre de este viernes.
Sin embargo, pocas horas después, el encuentro se frenó desde Madrid. Según los socialistas, Génova prohibió que se organizase un encuentro —no obligatorio— con el jefe del Ejecutivo, escenificando así total distanciamiento con el Gobierno de Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó la decisión de Génova: "Se ha parado. La ha parado el Partido Popular. ¿Dónde vas convocando una cena con el presidente del Gobierno? (...) Algo tan normal como eso no se ha podido hacer en esta ocasión. Esta es la situación que tenemos", afirmó en la tarde noche de este jueves.
Los dos temas principales a tratar en la cumbre interterritorial serán la sanidad y la fiscalidad: dos claves que mantiene alejados a PP y PSOE.
En los impuestos la diferencia es considerable. Mientras los socialistas abogan por mantener las tasas vigentes a las clases medias, y aumentarlo a las grandes rentas, el PP se centra en rebajarlos todos. Algunos territorios observan con recelo como la diversidad fiscal se está utilizando de manera "insolidaria".
El presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha lanzado un dardo esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "No vamos a aceptar lecciones de quienes practican la insolidaridad fiscal".
Unas palabras con las que el president buscaba responder a palabras previas del equipo de Ayuso. El consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García Martín, que acompañará en Santander a la líder madrileña, ha lanzado un mensaje contra la salida de Cataluña del régimen común: "La primera exigencia es que todas las comunidades autónomas que estamos en el régimen común permanezcamos en él y que, por tanto, todas colaboremos en la solidaridad entre las regiones", ha asegurado a primera hora de este viernes.
El otro gran tema a tratar es la sanidad. Por un lado, el PP se postula a favor de fomentar la colaboración público-privada en lo sanitario, mientras los dirigentes socialistas aseguran que esta es una forma de restar poder a lo público, infrafinanciando el sistema.
El sistema público cada vez acumula más esperas y las asociaciones de médicos —principalmente de atención primaria— denuncian la poca financiación que se hace desde los gobiernos autonómicos. Una situación de precariedad que aprieta a casi todos los territorios, independientemente del signo político que las gestiones.
Este tema se ha utilizado como punta de lanza contra ejecutivos regionales como el de Ayuso desde el Gobierno central y desde los partidos progresistas.
