Durante las últimas semanas, varias autoridades nacionales han hecho manifiesta su intranquilidad por la desaparición de la dirigenta mapuche de la Región de los Ríos, Julia Chuñil. A los diputados socialistas Emilia Nuyado y Marcos Ilabaca -quienes emplazaron al gobierno a agilizar y destinar personal especializado en su búsqueda- se sumó el mismo Presidente Gabriel Boric, quien dejó ver su preocupación en torno a la situación durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
“Manifiesto mi preocupación y la del Estado por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad. Hay diferentes acciones de búsqueda que se han realizado, y vamos a continuar. No vamos a cesar hasta encontrarla“, aseguró durante su discurso, reafirmando su condena a los riesgos que enfrentan los luchadores por los derechos humanos y el medioambiente.
Sin embargo, las alertas se intensificaron el pasado 8 de diciembre luego de que se diera a conocer la denuncia hecha por la familia de la defensora medioambiental, quienes, junto a la ONG Escazú Ahora, presentaron una querella criminal contra todos quienes resulten responsables. Esto, considerando el hostigamiento que habría recibido la dirigenta de parte de varios empresarios locales de la zona, y que incluyen al dueño original de uno de los terrenos habitado por la comunidad indígena Putreguel -compuesto por 17 familias y presidido por Chuñil-, sindicado como Juan Carlos Morstadt Anwandter.
Madre de cinco hijos y abuela de 10 nietos, Chuñil es reconocida localmente como una de las principales dirigentes mapuche de la zona. Hasta el momento de su desaparición se desempeñaba como presidenta de la Putraguel, comunidad que recibió el reconocimiento de la Conadi el 2014.
El 2015, las familias del predio se extendieron hasta uno de los terrenos colindantes, bautizado como Blanco Lepin, después de que la comunidad que originalmente recibió las tierras declinara hacer uso de ellas por no contar con las condiciones para desarrollar actividades ganaderas y agrícolas. Así fue como el grupo liderado por Chuñil se hizo cargo del territorio, “dedicándose por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras, junto a la cría de ganado a pequeña escala”, según señala la querella presentada por la familia.
Además, durante el 2018 lideró la lucha por la protección de aproximadamente 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Máfil, lo que, según sus cercanos, habría desatado una serie de amedrentamientos por parte de empresarios de la zona.
El 8 de noviembre, día en que se registró su desaparición, la dirigenta se desplazó al predio bautizado como “Reserva Cora Número Uno-A” para buscar a unos animales que se encontraban extraviados. Emprendió rumbo acompañada de un hacha que utilizaba para trabajar, y desde entonces que se le perdió el rastro.
Cabe destacar que uno de sus hijos explicó en la querella que, tras salir en búsqueda de su madre, encontró huellas de una camioneta, las que serían de un vehículo “inusual” para el sector. En el mismo documento, sus descendientes igualmente afirmaron que los conflictos entre Chuñil y Morstadt comenzaron el 2018, cuando el acuerdo de compraventa del predio aledaño a Putreguel entre Conadi y el empresario quedó sin efecto.
“Según dichos de mi madre, esto habría sido realizado por José Luis Painean Coronado, quien habría recibido el monto de $3.000.000 por parte del dueño de la empresa titular del predio”, afirmó su familiar en la querella, además de evidenciar mensajes con textos como “yapo Julia, ya los tengo a todos comprados. Faltai tú no más”.
En conversación con la Radio Universidad de Chile, la jefa (s) de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Loreto López, abordó la desaparición de Julia Chuñil.
López destacó que “a los defensores y defensoras de DDHH se les debe una atención especial”. Asimismo, subrayó que la investigación deber estar enfocada en las eventuales “motivaciones y patrones que puede haber detrás de estos ataques”.
“Todos los antecedentes que hayan sido puesto en conocimiento de la autoridad en los últimos 5 años tienen que ver con esa anticipación que está anunciada en el capítulo de derecho a la seguridad personal. Aquí se unen dos cosas, el conocimiento previo que podría haber tenido el Estado de esta situación y no haber actuado con la debida diligencia y luego las obligaciones que tienen los Estados respecto a estos grupos”, zanjó.
