Que un nombramiento sea a dedo no significa que su cese pueda ejecutarse de la misma manera, de manera discrecional, sin argumentos objetivos. Esta es la principal conclusión de una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), en la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un funcionario del Ayuntamiento de Alicante, nombrado jefe de Planeamiento en la recta final del tripartito de izquierdas (27 de septiembre de 2017). Del cargo fue cesado, también por vía decreto, cuatro meses después de acceder al gobierno Luis Barcala, tras conseguir la vara de mando por la dimisión del socialista Gabriel Echávarri y el posterior voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Podemos) en el pleno de investidura. La salida del funcionario del cargo en el área municipal de Urbanismo se certificó el 3 de agosto de 2018.
