El PSOE y, sobre todo, Francina Armengol, tienen en sus manos el control de la investigación judicial del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos. Tal y como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez debe pedir autorización al Congreso o al Senado si inicia la investigación contra un diputado o un senador, por lo que el instructor debe ahora remitir una autorización a través de un suplicatorio a la Cámara Baja para poder continuar adelante con la causa abierta contra el exministro socialista. Y el Congreso está ahora controlado por el PSOE, que es quien va a tener en sus manos la tramitación del suplicatorio.
En concreto, el procedimiento parlamentario está tasado en el Reglamento del Congreso y la presidenta de la Cámara Baja tiene tanto la posibilidad de denegar como congelar el suplicatorio. El artículo 14 del Reglamento recoge que "el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio". Es decir, Armengol y el PSOE, que controlan la Mesa del Congreso, tienen margen para dejar el suplicatorio congelado para que quede denegado sin votación o pueden activarlo en el momento político más oportuno para sus intereses. Además, el PSOE gana ahora tiempo porque el suplicatorio tan solo puede tramitarse en periodo de sesiones, por lo que ya hasta febrero no se puede activar el procedimiento.
Según el propio Reglamento, cuando el Congreso reciba el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo, Armengol, previo acuerdo de la Mesa (compuesta por cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar), lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que allí, en el plazo de 30 días, se elabore un informe tras haber escuchado a Ábalos. La audiencia de Ábalos "podrá evacuarse por escrito en el plazo que la Comisión fije u oralmente, ante la propia Comisión". Ya concluido el trabajo de la Comisión, "la cuestión, debidamente documentada, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara".
En este sentido, tras la votación en el Pleno del Congreso, en el plazo de ocho días, contados a partir de la concesión o denegación de la autorización solicitada, Armengol dará traslado del mismo a la autoridad judicial, "advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y afecten personalmente al Diputado".
Sin la autorización del Congreso, el Supremo no puede investigar a Ábalos ni tomar ninguna medida que le afecte: ni investigación patrimonial, ni del móvil, ni medidas cautelares. Y, en este sentido, en los últimos días se ha podido constatar cómo los socialistas y el exministro han firmado una "tregua", tratando de evitar hacerse daño y haciendo una defensa común tras las acusaciones que ha vertido Víctor de Aldama y que salpican a Pedro Sánchez, al Gobierno y al PSOE. De hecho, el propio Óscar Puente ha pasado de publicar un informe del Ministerio de Transportes que dejaba a Ábalos en mal lugar en agosto a salir en su defensa sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos.
La situación para el PSOE ahora mismo es muy complicada porque la corrupción está marcando la agenda y generando mucho desgaste. Por ello, los socialistas no están dudando en usar todas los mecanismos posibles para tratar de contener el tsunami, como personarse en la causa pese a las críticas del resto de acusaciones populares.
