Washington. Estados Unidos informó este martes que abrirá una investigación contra el gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega debido a los “ataques represivos” contra los derechos laborales.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden manifestó su preocupación por las acciones del régimen nicaragüense. “Estamos preocupados porque Nicaragua lleva a cabo ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho”, señaló la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
Estas acciones “perjudican a los propios trabajadores y ciudadanos de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”, agregó la representante de Comercio estadounidense, Katherine Tai, citada en la nota.
La USTR anunció que “investigará a fondo” los “actos, políticas y prácticas” que puedan violar derechos laborales y humanos, así como desmantelar el estado de derecho, afectando el comercio entre ambos países.
Washington enumeró una serie de acciones por parte del gobierno de Ortega, entre las que destacan:
Estas acciones, según el comunicado de la USTR, “exacerban la explotación laboral y disminuyen el crecimiento económico y las oportunidades comerciales”.
Investigación y audiencia pública
La investigación será llevada a cabo bajo la sección 301 de la ley de comercio de 1974, que se utiliza para abordar prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense. Como parte del proceso, la USTR anunció la realización de “una audiencia pública” para examinar el caso.
La relación entre Estados Unidos y el gobierno de Ortega, quien se ha mantenido en el poder desde 2007, se ha deteriorado significativamente desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional. Dichos comicios se llevaron a cabo con los principales rivales de Ortega encarcelados o en el exilio.
En respuesta a las medidas represivas del régimen, Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al gobierno de Nicaragua. Estas sanciones han sido motivadas por la detención de opositores, su exilio forzado y la decisión del gobierno de despojar a muchos de su nacionalidad. Además, el régimen de Ortega ha prohibido más de 5.300 organizaciones no gubernamentales, según los reportes.
