El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) entregó 309 subsidios por inflación a personas que ya habían fallecido o que estaban privados de libertad. También, concedió este beneficio a familias que habían recibido otras transferencias del Estado, lo que implicó una inversión de ¢529 millones en hogares que no cumplían con los requisitos.
Estos son parte de los hallazgos de una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República (CGR). El órgano fiscalizador evaluó la eficacia del beneficio por inflación implementado por el IMAS entre el 2022 y el 2023, con el cual buscaba compensar las necesidades alimentarias básicas de hogares en situación de vulnerabilidad cuando la inflación estaba alta.
El informe señala que el 3% de los hogares beneficiados (2.625) no cumplían con los requisitos de otorgamiento, lo que califica como “filtraciones”.
De estos, 2.316 hogares contaban con integrantes que previamente habían recibido otra transferencia estatal; en 251 casos, la persona beneficiaria estaba privada de libertad; y en 58, la persona beneficiaria había fallecido.
La Nación consultó al IMAS sobre los mecanismos utilizados para verificar que las personas beneficiarias cumplieran con los requisitos para recibir la ayuda, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Mediante un decreto que entró en vigor el 20 de setiembre de 2022, el Gobierno estableció este subsidio temporal destinado a hogares en situación de pobreza que no recibieran otras ayudas económicas del Estado, salvo la Red de Cuido, y que estuvieran registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Una investigación interna del IMAS, realizada a inicios de este año, reveló que el subsidio fue entregado a 147 personas fallecidas, una cifra superior a la reportada por la Contraloría. Se trató de 115 nacionales y 32 extranjeros.
Este análisis fue ordenado de forma confidencial en enero por la entonces gerenta de la institución, Hellen Somarribas, con el objetivo de identificar a los funcionarios involucrados en este otorgamiento irregular, a fin de determinar si incurrieron en alguna falta.
Los depósitos realizados a personas fallecidas ascendieron a ¢18,8 millones. En marzo, el Estado aún no había recuperado ¢13,9 millones, equivalentes al 74%. Las cuentas bancarias de los beneficiarios recibieron entre uno y tres giros de ¢60.000 cada uno, efectuados entre noviembre y diciembre de 2022.
La entonces gerenta encomendó a los departamentos de Asesoría Jurídica y Planificación Institucional analizar la viabilidad de abrir un procedimiento disciplinario.
Los abogados del IMAS concluyeron que sí era factible determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Además, en caso de no identificar a los responsables de estos pagos, se recomendó realizar una investigación preliminar para aclarar los hechos.
No obstante, la Asesoría Jurídica del IMAS advirtió de que no era posible realizar una gestión de cobro administrativo directa, ya que los beneficiarios estaban fallecidos y, por lo tanto, no existía un sujeto físico a quien reclamar los fondos. Como alternativa, sugirió localizar a los familiares de los fallecidos y analizar si procedía iniciar procesos sucesorios ante notarios para intentar recuperar los ¢13,9 millones no reintegrados.
También, se destacó la importancia de analizar el costo de oportunidad para determinar si el monto recuperable compensa los gastos asociados con las gestiones legales necesarias para su recuperación.
