Luego de más de dos años de trámite en el Congreso, el proyecto de ley que pretende exigir a los autobuseros el uso del sistema de pago electrónico logró este jueves un significativo avance en el plenario legislativo.
Dicha iniciativa logró completar la última etapa de mociones para ajustar el texto y fue enviada a publicación al diario oficial La Gaceta, requisito para que más adelante pueda ser sometida a votación de primer debate.
El plan, impulsado por el Frente Amplio (FA), adiciona un inciso en el artículo 17 de la Ley reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores, para fijar como obligación del empresario “utilizar el sistema electrónico para cobrar la tarifa en las unidades”.
El nuevo inciso establece que se debe asegurar el pago de la tarifa del bus mediante tarjetas de débito, crédito o prepago, y el sistema de pago electrónico que autorice el Banco Central de Costa Rica (BCCR), de manera que sea “accesible, seguro, disponible, continuo y que garantice la confidencialidad de la información”.
Además, se obliga al prestador del servicio público a suministrarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) la información de todos los pagos electrónicos generados mediante la recaudación de las tarifas.
También se autoriza a la entidad fiscalizadora para que considere en la regulación del servicio, sus metodologías o fijaciones de tarifa, estímulos para que los usuarios utilicen el sistema electrónico de pago.
El proyecto establece un plazo de dos años para que las rutas localizadas dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) instauren el mecanismo de pago electrónico, mientras que el plazo para las rutas fuera de esa zona será de cuatro años.
La determinación de cuáles rutas se consideran dentro y fuera de la GAM se deberá hacer de acuerdo con la clasificación que utiliza el Consejo de Transporte Público (CTP).
Por otra parte, el expediente 23.360 indica que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), CTP, Aresep y el Banco Central deben dar seguimiento al cumplimiento de la exigencia dentro del plazo fijado.
En el último día de discusión de mociones sobre este proyecto, los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) intentaron eliminar la exigencia de que el sistema de pago electrónico sea proporcionado solo por el Banco Central, pues consideran que se trataría de un monopolio.
Eliécer Feinzaig, del PLP, sostuvo que en el mundo existen muchos sistemas de pago electrónico para servicios de transporte público. Consideró que los empresarios se les debería dar la libertad de escoger el sistema que quieran, garantizando el intercambio de información.
“Decir que solo el Central puede establecer el sistema de pagos es crear un monopolio en manos de una entidad que ni siquiera es la llamada a hacer ese tipo de cosas”, señaló.
Feinzaig sostuvo que el papel del BCCR debería ser el de asegurarse de que el sistema de pagos que la empresa quiere usar se comunique correctamente con el Sinpe y todo el sistema de transferencias.
“Deberíamos abandonar la mala práctica de poner al Central a hacer cosas que no son su función principal, que es velar por la estabilidad de la economía costarricense. El Banco no es un desarrollador de software”, reclamó.
El Liberal Progresista presentó dos mociones en esa línea, pero finalmente fueron rechazadas este jueves por la mayoría de los congresistas. De esa forma, el proyecto quedó tal cual salió de la Comisión de Gobierno y Administración, en setiembre.
El diputado Ariel Robles, principal impulsor de la iniciativa, sostuvo que la postura del PLP es ilegítima. Aseguró que el Central tiene como obligación la trazabilidad de las monedas y que, al hablar de cobro electrónico, la entidad“tiene una necesidad de darle trazabilidad”.
Robles agregó que el BCCR desarrolló el mecanismo en las líneas que ya lo han implementado. “Los propios autobuseros han dicho públicamente que prefieren que el Central lo desarrolle, porque los costos son más bajos que si ellos tuvieran que buscar el sistema”, indicó.
El frenteamplista manifestó que le preocupa la posición del PLP y su intención de abrir el plenario a comisión para modificar el proyecto, pues sostuvo que eso atrasará el plan y sin tener clara la intención de esa postergación.
“El cobro electrónico es una urgencia en Costa Rica porque va a permitir que mejore el servicio, tener mayor claridad sobre la cantidad real de pasajeros de una línea y así definir tarifas más acordes con la cantidad de usuarios”, comentó Robles.
