Lo que se temían Hazte Oír y Iustitia Europa, dos de las siete acusaciones populares que están personadas en la parte del «caso Koldo» que ahora instruye el Tribunal Supremo, que no iban a poder asistir ayer a la primera declaración de José Luis Ábalos como imputado, acabó convirtiéndose en una realidad.
Todas las acusaciones, menos Manos Limpias, se presentaron ayer a primera hora en la sede del alto tribunal con la intención de poder asistir al interrogatorio al exministro socialista, pero el magistrado Leopoldo Calvo no les dejó acceder a la sala donde transcurrió.
Es la primera consecuencia de que el instructor decidiese este pasado miércoles unificar –además de la citada asociación, partido político y sindicato– a Liberum y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que está vinculada al PSOE, bajo la dirección letrada del PP por ser el primero que se personó y tras no alcanzar un acuerdo entre ellas.
Solo el letrado de los populares pudo ejercer de parte en representación de la acusación popular, estar presente y hacer preguntas en nombre de todas a Ábalos, al que se investiga por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en relación al «papel principal» en la trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones para el suministro de mascarillas al Ministerio de Transportes cuando él lo dirigía, el del Interior y las administraciones Canaria y Balear cuando los socialistas Ángel Víctor Torres y Francina Armengol eran sus respectivos presidente.
[[QUOTE:PULL|||Por decisión del instructor solo el PP puede entrar en los interrogatorios y recibir los traslados]]
Este pasado miércoles por la tarde, primero, el letrado y líder de Iustitia, Luis María Pardo, presentó un escrito ya adelantándose a lo que pudiese ocurrir al prever que alegando cuestiones de aforo en la Sala de lo Penal se les iba a impedir la entrada.
Advirtió de que esto supondría caer en una situación de indefensión porque para este supone «de facto» que se les impida el acceso a las actuaciones procesales y, por tanto, su «exclusión total» de la acusación que ejercen.
Le siguió el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, que dirigió al Supremo otro escrito en el que avisó de que podría incurrir con este movimiento en una «vulneración del principio de igualdad y vaciamiento de las facultades» de la acusación popular de la que son parte.
Vox ya recurrió y estas otras dos acusaciones también lo harán para intentar evitar que el instructor no les vuelva a dejar pasar como que solo sea un procurador, el de Génova, el que reciba la notificación de las actuaciones.
[[H3:Prevén un «efecto cascada»]]
El abogado de Hazte Oír, Pérez Roldán, traslada a LA RAZÓN que da por hecho que esta decisión del alto tribunal generará un «efecto cascada» que se llevará por delante cómo estaban ejerciendo la acusación popular al resto de causas vinculadas al Gobierno o al presidente Pedro Sánchez dado que supone jurisprudencia «menor o de costumbre y uso».
No duda que afectará de manera «muy perjudicial» a la parte de la «trama Koldo» que aún permanece en la Audiencia Nacional y en la que el magistrado Ismael Moreno investiga lo relativo a un delito de blanqueo de capitales por parte de Víctor de Aldama, sus socios o la antigua mano derecha de Ábalos como ministro, Koldo García.
Espera esta acusación que el titular del Juzgado de Instrucción Central número 2 proceda a agruparles bajo la batuta del PP como primer querellante, tras haberles dado un plazo de 10 días para llegar a un acuerdo inviable de quién debe liderarles.
Mantiene esperanza, sin embargo, en que, como hasta ahora así se ha procedido, se les deje pasar a las siete para ser testigo directo de las declaraciones, aunque solo intervenga el representante legal de la formación de Núñez Feijóo, y que, de igual forma, se les siga dando traslado de las actuaciones de manera individual.
También al «caso David Sánchez», que instruye la jueza de Badajoz Beatriz Biedma contra el hermano del jefe del Ejecutivo, en el que ya están unificados en torno al sindicato de Miguel Bernad como primer denunciante, pero ahora temen que ya no les notifiquen los asuntos de manera independiente y queda la duda si les dejará pasar a las declaraciones del próximo 9 de enero de David Sánchez, imputado por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal, y del presidente socialista de la Diputación de Badajoz y líder regional, Miguel Ángel Gallardo.
La limitación de la capacidad de la acusación popular cuando son varias entidades la que lo forman cuadra con la reforma que pretende ejecutar el Gobierno para impedir que sean partidos y sindicatos los que estén detrás.
No descartan fuentes de la acusación consultadas por este diario que el PSOE comience a interponer la primera denuncia en irregularidades que le salpiquen para salvaguardarse controlando la acusación. Si ni el fiscal ni esta parte acusan tras la instrucción, el juez esta obligado a archivar.
