El Congreso de los Diputados de España ha dado luz verde a una Proposición no de Ley (PNL) que urge al Gobierno a respaldar la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, también insta a solicitar una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de estas violaciones.
Además, la propuesta exige que el Ejecutivo emita un comunicado público condenando la represión en Venezuela y exigiendo la liberación de presos políticos. Este llamado busca reforzar la postura internacional de España frente a los abusos del régimen de Maduro y la grave situación de derechos humanos en el país sudamericano.
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La Proposición no de Ley aprobada no tiene carácter vinculante, pero refleja una posición contundente del Parlamento español contra las violaciones en Venezuela. Entre las principales demandas está que el Gobierno apoye activamente las investigaciones de la Fiscalía de la CPI, cuyo mandato es independiente, como lo destacó Cristina Narbona, portavoz del Grupo Socialista. Sin embargo, los populares consideran insuficientes las medidas actuales y reclaman un papel más enérgico por parte del Ejecutivo.
La solicitud de una orden de arresto contra Nicolás Maduro es una de las medidas más polémicas de la iniciativa, ya que, según el derecho internacional, los gobiernos no pueden influir directamente en las decisiones de la CPI. Sin embargo, Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, cuestionó la falta de acción internacional: “¿Qué más tiene que ocurrir para que el fin de la dictadura venezolana sea una prioridad?”.
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El Partido Popular argumenta que España tiene una responsabilidad especial debido a los lazos históricos con Venezuela y la presencia de una importante comunidad española en el país. La PNL también exige al Gobierno presentar un informe detallado sobre las acciones de la Embajada de España en Caracas para proteger a los ciudadanos españoles afectados por la crisis de derechos humanos.
“El abandono de los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional”, enfatizó Álvarez de Toledo, destacando la urgencia de un compromiso más firme. Según informes de Naciones Unidas, el régimen de Maduro ha sido señalado por ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, prácticas que violan flagrantemente el derecho internacional.
El respaldo español a las investigaciones de la CPI podría fortalecer la presión global sobre el régimen de Maduro, alineándose con los informes de organismos internacionales como la ONU. Sin embargo, esta postura también podría generar tensiones diplomáticas, especialmente con países que mantienen relaciones cercanas con Venezuela.
El gobierno de Pedro Sánchez ha señalado su rechazo al régimen de Maduro, aunque ha evitado medidas que puedan interpretarse como injerencias directas en organismos internacionales. Según Narbona, el Ejecutivo ya lidera “declaraciones contundentes” en foros internacionales, pero considera inapropiado solicitar a la CPI acciones específicas como órdenes de detención.
En este contexto, la aprobación de la PNL representa una llamada a la acción desde el Congreso, subrayando la necesidad de priorizar los derechos humanos en la agenda internacional. Las demandas de los populares reflejan una creciente preocupación por la falta de avances en la lucha contra la represión y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
