La ley sigue consolidándose en su tercer año de aplicación, con un 25% más de solicitudes, aunque el proceso todavía se demora de media más de dos meses y un cuarto de las personas fallece sin que se haya resuelto su petición
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Las solicitudes de eutanasia en España siguen creciendo en el tercer año de implantación de la ley. 766 personas pidieron ayuda para morir en 2023. Son un 24,8% más que en 2022. De ellas, 334 recibieron una respuesta positiva, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad, un 14% más que un año antes.
El informe de evaluación anual refleja, sin embargo, que el derecho se reconoce demasiado tarde para una cuarta parte de los solicitantes, que falleció sin que se resolviera su petición. El tiempo medio trascurrido en el proceso es de 67 días, más de dos meses, “cuando no debería demorarse más de 35”, según la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Con todo, resultaría inevitable, según los datos de Sanidad, que se llegara a tiempo en todos los casos porque el tiempo medio de las muertes antes de resolverse la petición es de 30 días.
Desde que se aprobó la ley, hace ahora tres años y medio, el número de solicitudes se eleva a 1.515, de las cuales se aceptaron 697. 2023 ha sido el año en el que más demandas de este derecho se han atendido tras las 576 contabilizadas en 2022 y las 173 de 2021. En esta última cifra solo se consideró la mitad del año porque la norma se aprobó en junio.
El perfil más frecuente es el de una persona solicitante entre 70 y 79 años (28%) con enfermedades de base oncológica (35%) y neurológica (35%), según el informe de Sanidad. La mayor parte de las personas, el 95%, tenían capacidad para pedir ayuda para morir cuando comenzaron los trámites aunque un 15% estaba en riesgo inminente de perderla. Las revocaciones en el proceso –los cambios de opinión del paciente– son mínimos: apenas un 3%.
Por comunidades se presentan algunas disparidades tanto en el número de solicitudes –condicionadas también por la població de cada región– como en cuántas son aceptadas. Catalunya ocupa el primer puesto con 219 peticiones; detrás, pero lejos, está la Comunidad de Madrid (89), Canarias (62) y Euskadi (58). Los territorios que menos solicitudes registran son Aragón (22), Cantabria (19), La Rioja (4), Extremadura (2), Murcia (2). En Ceuta y Melilla no hubo ninguna petición en 2023, según los datos oficiales de Sanidad.
Aunque Madrid inicia bastantes procesos, solo el 39% terminan de manera positiva. Esta proporción reducida también se da en Castilla-La Mancha y Baleares (32%). No obstante, el porcentaje más bajo, con mucha diferencia, se da en Cantabria: solo se reconoce el derecho al 16% de las personas que lo piden. La media de todas las comunidades es del 44%.
El proceso recogido en la ley es muy garantista: para iniciarlo es necesaria la valoración inicial de un médico responsable, de un segundo médico especialista en la dolencia del paciente, sin relación con él ni con el primer profesional, y el visto bueno de la CGE, formada por sanitarios y juristas de cada comunidad autónoma. La ley establece que, en caso de que alguno de los sanitarios sea objetor de conciencia, debe remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo.
En los últimos meses, la justicia ha intervenido a raíz de peticiones de familiares en procesos que ya habían pasado todos los filtros médicos que prevé la ley abriendo un debate sobre quién está legitimado para decidir, más allá del paciente, sobre estas solicitudes. Un caso en Barcelona, de una joven de 23 años, también ha puesto sobre la mesa los límites de la norma al entrar en juego la enfermedad mental como causante del sufrimiento.
