El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia que sirve como un importante precedente en el ámbito laboral, y es que ha avalado el despido de un trabajador de Securitas Direct por el uso indebido de una tarjeta restaurante facilitada por la empresa. A pesar de que el monto en cuestión no superó los 54 euros, los magistrados han considerado que se produjo un quebrantamiento de la buena fe contractual, lo que justifica la medida disciplinaria.
Según se puede leer en la sentencia, el trabajador, como muchos otros empleados de esta empresa, disponía de una tarjeta de crédito para cubrir gastos de manutención de uso exclusivo durante la jornada laboral. De hecho, al recibir la tarjeta el empleado firmó un documento donde aceptaba expresamente las condiciones de uso, que restringían su uso fuera de los días laborales, horario de trabajo y de los establecimientos adheridos a la red contratada por la empresa.
En mayo de 2023, tras sufrir un accidente laboral que le causó una incapacidad temporal, el trabajador utilizó la tarjeta en seis ocasiones, acumulando un gasto total de 53,51 euros. Dicha acción llevó a Securitas Direct a sancionarlo con un despido disciplinario, alegando "faltas de desobediencia y transgresión de la buena fe contractual". La empresa argumentó que el uso de la tarjeta fuera de los términos acordados representaba una violación grave de las normas internas.
El caso llegó inicialmente al Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, que en enero de 2024 confirmó la procedencia del despido. Más tarde, el TSJC ratificó esta decisión. En su fallo, el TSJC rechaza el argumento del trabajador de que su despido vulneraba derechos fundamentales, como su derecho a no ser discriminado por razones de salud.
Según los magistrados, el despido no fue motivado por su condición médica, sino por el incumplimiento de las condiciones de la tarjeta. Además, la sentencia no solo aclara que se probó la transgresión de la buena fe contractual, sino también un abuso de confianza, calificando el hecho como “grave" y carente de justificación.
Cabe resaltar que lo que está en cuestión no es la cuantía, sino el medio utilizado. Los jueces enfatizan que la sanción disciplinaria no responde a la deuda en sí, ya que el importe económico defraudado fue pequeño, sino al comportamiento irregular del trabajador.
