La tensión que ha creado la falta de previsión del Gobierno frente a la crisis de Muface sigue escalando. A poco más de dos semanas para que termine el año y, con él, el plazo que se han dado tanto el Ministerio para la Función Pública como la dirección general de la mutualidad de funcionarios civiles del Estado para llegar a un acuerdo que salve el modelo, los sindicatos dejan claro que no van a bajar la guardia.
Tal y como anunció la semana pasada, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) registó esta mañana en el Congreso un escrito dirigido a los grupos parlamentarios para que propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas. En el texto presentado se adjuntan "centenares de quejas" que ha recibido el sindicato en los últimos días de mutualistas de toda España por la suspensión de citas médicas, pruebas e incluso intervenciones quirúrgicas, según explicó el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, a las puertas de la Cámara Baja.
"Se está privando a los servidores públicos que hacen cumplir las normas que salen de esta Cámara de su derecho a la prestación sanitaria. No vamos a parar y seguiremos presionando hasta recibir una respuesta y que se dé una solución a este conflicto que se pudo haber evitado", añadió.
Lama aprovechó también para hacer un llamamiento a los funcionarios a participar en la manifestación convocada para el sábado a las 12.30 horas frente a la dirección general de Muface, "para gritar, alto y claro" que no van a renunciar a Muface y a su derecho de protección de la salud.
Cabe recordar que el pasado lunes el sindicato presentó el escrito con las quejas de los mutualistas ante el Defensor del Pueblo. Según la información que han recopilado, clínicas adheridas al modelo sanitario de Muface han suspendido consultas a especialistas en diversas áreas como neurología pediátrica, urología, digestivo, cardiología, traumatología, psiquiatría y ginecología.
Además, CSIF ha comprobado que las clínicas, ante la incertidumbre sobre el futuro del concierto sanitario, han comenzado a pedir a los funcionarios que sufraguen de su propio bolsillo los gastos de los tratamientos si desean ser atendidos. Estas actuación ha creado un clima grave de inseguridad, especialmente entre las personas con enfermedades crónicas, que dependen de una atención continua y especializada.
[[LINK:INTERNO|||Article|||6756d0e3a4e6b0e434f24d6e|||Los altos funcionarios –pertenecientes a la escala A1–, por su parte, también se han posicionado firmemente en contra de la labor del Gobierno en la crisis de Muface.]]
"No existen argumentos financieros, económicos ni jurídicos para acabar con Muface. No estamos dispuestos a que el sistema sanitario que nos ampara desde 1975 se extinga por motivos políticos, ideológicos y demagógicos", señalaron.
