A medida que el panorama digital evoluciona, la ciberseguridad se convierte en una preocupación crítica para las empresas que operan en México. Nuestro país se ha visto afectado por un número importante de ciberataques, los cuales se dispararon en 2023. Según un informe de BlackBerry, México se encuentra entre los seis países más afectados por ciberataques, acumulando el 4 por ciento de los ataques a nivel global.
De acuerdo con expertos, 2023 fue un año representativo para la ciberseguridad debido al incremento en el uso de inteligencia artificial y la regulación inadecuada. Debido a ello, México recibió el 44 por ciento de ataques a nivel Latinoamérica. Además, los ataques exitosos, que representaron 52 por ciento del total, incurrieron en un costo anual estimado de dos millones de dólares. Entre los sectores más afectados se encuentran las instituciones públicas, empresas industriales, organizaciones financieras y los minoristas, sin embargo, los más afectadas fueron las ensambladoras de automóviles.
En cuanto a los esfuerzos por regular la ciberseguridad en México, estos aún están inmensos en un marco legal disperso que involucra varias áreas, incluyendo: el derecho financiero, el marco legal para la contratación pública, las telecomunicaciones, el derecho laboral, el derecho de protección al consumidor, la protección de datos personales y la propiedad intelectual, entre otros. Si bien no existe una ley especial para la ciberseguridad, diferentes legislaciones y reglamentos ya incluyen obligaciones de seguridad para las empresas en México.
En este punto, la implicación de los profesionales jurídicos en la ciberseguridad es crucial, porque desempeñan un papel fundamental a la hora de interpretar y aplicar la legislación vigente; asesorar sobre cuestiones de cumplimiento, y abogar por una mayor protección jurídica. La participación de la comunidad jurídica en la ciberseguridad puede ayudar a las empresas a comprender sus responsabilidades, mitigar riesgos y responder eficazmente a las ciberamenazas.
Además, en este momento de la historia, el futuro de la ciberseguridad en México podría tener cambios significativos. La creación de un sistema nacional de inteligencia es importante para potenciar la investigación y la aplicación de la ley y mejorar la coordinación entre los principales organismos.
La nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum promete una mejor coordinación, mayores protecciones legales y una respuesta más robusta a las amenazas cibernéticas. Además, la mayoría que el partido político de la mandataria ostenta en el Congreso podría facilitar la aprobación de nuevos proyectos de ley. Por otra parte, la recientemente publicada Convención de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia proporciona el marco equilibrado de ciberseguridad que el gobierno y las organizaciones de derecho civil persiguieron durante años.
En conclusión, a medida que las amenazas de ciberseguridad continúan evolucionando, es crucial que las empresas y los profesionales del derecho en México se mantengan activos ante el cambiante panorama legal, comprendiendo las implicaciones de las nuevas leyes y reglamentos para tomar medidas proactivas que protegen sus activos digitales.
Los autores son socios de Baker McKenzie México.
