Los cargos netos a financiar por los consumidores de electricidad en 2025 ascenderán a 3.526,54 millones de euros, un 39% más que los 2.532,74 millones de 2024, después de que el Gobierno los redujera en 2021 para paliar en los consumidores los efectos de la guerra de Ucrania.
Los cargos forman junto con los peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la parte regulada de la factura eléctrica.
Con ellos, se financia la retribución de las renovables históricas, la amortización de la deuda generada entre 2000 y 2013 por el déficit de tarifa y el coste de los sistemas extrapeninsulares de las islas y los de Ceuta y Melilla.
Según la memoria que acompaña al proyecto de propuesta de orden de cargos para 2025, el importe de los costes del sistema eléctrico será de 7.445,87 millones de euros, mientras que los ingresos para compensar esos cargos ascenderían unos 3.919,33 millones de euros, que proceden de impuestos de las subastas de emisión de derechos de CO2 y de tributos específicos.
La mayoría de los costes corresponde a la retribución del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), con 4.192,2 millones; y a las anualidades de déficit de actividades reguladas (2.390,4 millones).
Los cargos se financian con tributos específicos, con parte de la recaudación de las subastas de CO2 y con pagos directos de los consumidores por medio de la parte regulada de la factura mensual.
El Gobierno redujo en otoño de 2021 los cargos de la factura eléctrica y los mantuvo un 55% por debajo del nivel precrisis en los últimos ejercicios.
La diferencia se ha estado cubriendo con superávit de años anteriores y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ahora, una vez superadas las tensiones de precios, el Gobierno ha decidido que es hora de volver a la normalidad para mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico.
No obstante, el importe de la parte regulada de la factura (cargos y peajes) repercutidos en la factura de los consumidores en 2025 será un 25% inferior a la de 2019, el año anterior a la pandemia de la covid.
El recibo del consumidor residencial, un 7% mayor a 2019
Sumados todos los importes, la factura prevista para 2025 de un consumidor residencial será un 7% superior a la de 2019, inferior a la inflación acumulada estos años, del orden del 18%.
Por su parte, la otra gran pieza de la parte regulada de la factura, los peajes, se van a ver reducidos para 2025, pues, según la propuesta de la CNMC, bajan de media un 4,4 %.
Los peajes están destinados a cubrir los costes de las redes y la retribución de las compañías de distribución y transporte.
Para 2025, se prevé que la retribución del transporte ascienda a 1.216,6 millones de euros y a 5.826,4 millones la de la distribución de electricidad.
La retribución considerada en el cálculo de los peajes del transporte para el ejercicio 2025 es un 10,7% inferior a la considerada en el cálculo de los peajes del ejercicio 2024; mientras que para los peajes de distribución es un 1,9% superior.
Por otro lado, el proyecto de orden del Gobierno también aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que parte de la propuesta remitida por la CNMC.
El coste del bono social previsto para el cierre del ejercicio 2025 asciende a 284,8 millones de euros y, teniendo en cuenta los desvíos de ejercicios anteriores, el coste de la financiación del bono social para 2025 asciende a 241,7 millones de euros.
Según la facturación estimada, el reparto de la financiación del bono social para 2025 un 48,35% lo sufragara la actividad de comercialización; un 40,70 %, la de producción; un 8,38 %, la de distribución; un 1,75 %, la de transporte, y un 0,83 %, los consumidores directos
