Solicitar una baja laboral en España ha dejado de ser algo sencillo. Ante la gran cantidad de solicitudes para suspender el trabajo, la Seguridad Social ha decidido endurecer las condiciones, generando gran preocupación entre trabajadores y empresas. Según ha confirmado el propio organismo, en el año 2023 se produjeron más de ocho millones de bajas laborales, lo que supuso un gasto de alrededor de 14 millones de euros al Estado. Ante este gran número de solicitudes, el Gobierno comenzó a dudar de la legitimidad de muchas de ellas.
Ante esta situación preocupante, la Seguridad Social ha comenzado a reforzar las medidas de verificación de las bajas, de tal forma que ahora, las empresas deben proporcionar a la Seguridad Social información sobre las funciones específicas de cada trabajador que solicita la baja.
La idea es poder ayudar a los evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a determinar si el estado de salud del trabajador realmente justifica la incapacidad para desempeñar sus labores.
Otra de las medidas para frenar este aumento significativo es el aumento de las revisiones médicas de los trabajadores, para que aquellos que cuenten con bajas justificadas, lo estén el tiempo acorde a la enfermedad o condición laboral.
Por ello, los trabajadores tendrán que someterse a revisiones médicas más frecuentes, algo que preocupa puesto que, en algunos casos, es posible que se exija la reincorporación antes de lograr la recuperación al completo.
Según la normativa, la cuantía de esta prestación varía según el tipo de baja. En caso de enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador percibe el 60% de su base reguladora del día 4 al 20 de la baja, y el 75% a partir del día 21. En el caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, el trabajador recibe el 75% de su base reguladora desde el día siguiente al de la baja.
En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el salario es abonado por la empresa. En otros casos, como en los de enfermedad común o lesión, la primera quincena del mes corre a cargo de la empresa, mientras que la segunda se encarga de pagar el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, la mutua correspondiente.
Según apunta la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 169, la duración máxima de una baja laboral será de 365 días, más 180 prorrogables. Esto quiere decir que el trabajador tendrá un total de 545 días antes de regresar a su empleo.
