Un grupo de expertos de la ONU denunció este miércoles que la campaña de desapariciones y detenciones arbitrarias de opositores iniciada en Nicaragua tras las protestas de 2018 continúa en la actualidad, con al menos 427 arrestos desde 2021.
En una carta dirigida a las autoridades de Nicaragua, estos expertos instaron "a liberar a las personas detenidas por sus críticas (...) y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero".
Desde las masivas protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses según la ONU, el gobierno de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han endurecido la represión contra los disidentes, las oenegés y la Iglesia.
Los expertos de la ONU aseguran que existe un "patrón claro y deliberado" mantenido hasta la actualidad "para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas".
Al menos 427 personas han sido arrestadas desde 2021, afirma este grupo, quien denuncia que las condiciones de los detenidos "se deterioran aún más, lo que tiene un impacto profundo en su salud física y psicológica".
Entre los abusos que recogen figuran la negación de "las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares" o el mantenimiento de algunos disidentes en prisión una vez ya han cumplido sus condenas.
También señalan que muchas veces los familiares desconocen el paradero o la situación de los detenidos y reciben informaciones contradictorias sobre la cárcel donde se encuentran o incluso les niegan que hayan sido arrestados.
Especialmente graves son las condiciones de detención en la prisión de La Modelo, aseguran, "donde a los presos no tienen contacto con el mundo exterior y son sometidos a tortura y malos tratos".
El martes, la oenegé de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más publicó un informe en el que recogía testimonios de 229 supervivientes de tortura en este país, con métodos como golpizas, asfixia, descargas eléctricas o desprendimiento de uñas o piezas dentales.
Las autoridades de Nicaragua consideran que las protestas opositoras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado propiciado por Estados Unidos.
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