La configuración centralista del Estado permite ejercer un poder centrípeto que atrae riqueza a la capital de otras autonomías, lo que a su vez le permite tener más recursos y bajar impuestos, algo que otras comunidades no pueden hacer porque no tienen suficiente músculo. Madrid está dopada fiscalmente. Un hecho diferencial
El concierto económico para Catalunya, en cifras: entre 6.000 y 10.500 millones más para la Generalitat
Este viernes el Palacio de la Magdalena de Santander acogerá la Conferencia de Presidentes, con el acuerdo para una financiación singular de Catalunya como tema estrella. Si bien cuando Moncloa pensó inicialmente el encuentro puso el foco en las políticas de vivienda, a petición de las comunidades del PP los asuntos a tratar serán también la inmigración, la falta de recursos en el sistema sanitario y la financiación autonómica. O, dicho de otro modo, el rechazo al pacto suscrito entre socialistas y ERC para mejorar las finanzas catalanas.
Fue esta repulsa el principal argumento esgrimido hace mes y medio por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el “daño que hace esto a España”. Ayuso propuso entonces una Conferencia de Presidentes “para hablar del dinero de todos” porque “no se puede normalizar lo que no lo es”, en alusión al modelo de financiación singular para Catalunya. Desde entonces, recuerda a menudo que Madrid es la comunidad que más aporta, la que menos recibe, la que está menos endeudada y la que va a salir más malparada si el acuerdo catalán sale adelante. Reivindica el gobierno madrileño casi 5.000 millones del fondo de competitividad (un mecanismo del modelo actual de financiación autonómica que busca reducir las diferencias en la financiación per cápita de las comunidades) porque la comunidad ocupa una posición inferior a la que le corresponde. Por cierto, esto es la ordinalidad que reclama Catalunya. Resumiendo, lanza dos ideas: alerta de que Madrid es una de las comunidades infrafinanciadas, pese a ser la más solidaria, y reclama un frente común en contra del mal llamado cupo catalán, porque quebraría la igualdad de todos los españoles.
Olvidan Ayuso y la mayoría de presidentes autonómicos (tanto del PP como del PSOE) dos singularidades que llevan años normalizadas en forma de desigualdad y que no forma parte de la agenda de la próxima Conferencia de Santander. La primera es el asimilado régimen fiscal foral de las privilegiadas Euskadi y Navarra, un melón que nadie se atreve a abrir; la segunda, mucho menos conocida y de la que apenas se habla: los beneficios económicos que, según muchos economistas, supone para Madrid el efecto capitalidad. De forma muy sencilla, la configuración centralista del Estado permite ejercer un poder centrípeto que atrae riqueza a la capital de otras autonomías, lo que a su vez le permite tener más recursos y permitirse bajar impuestos, algo que otras comunidades no pueden hacer porque no tienen suficiente músculo. En otras palabras, que Madrid está dopada fiscalmente. Un hecho diferencial.
La escuela valenciana es la que más ha hablado de ello, a través del completísimo estudio Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en 2020 y actualizado en 2021. Los informes explican con datos la relación entre (1) la elevada concentración en la capital -a diferencia de otros países de corte federal como Alemania o Países Bajos, o de la propia Unión Europea- de la administración general del Estado; (2) la consiguiente atracción de funcionarios, en su mayor parte de elevada cualificación y renta; (3) la concentración de grandes empresas; (4) el sesgo hacia las empresas de la capital en la contratación pública; (5) el poder de atracción de población, contribuyendo al fenómeno de la España vaciada; y (6) la concentración de las inversiones en infraestructuras, tanto aeroportuarias como viarias o de ferrocarril.
Todos estos factores permiten a la Comunidad de Madrid una mayor generosidad a la hora de establecer su política fiscal y ejercer como ninguna otra las competencias normativas para bajar impuestos (tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
A pesar de las potentes bases fiscales que se derivan de su nivel de renta por habitante y la importante riqueza de su territorio, sí: la Comunidad de Madrid tiene unos ingresos públicos per cápita menores en comparación a la mayoría de las comunidades autónomas. Pero la razón no se debe a los escasos recursos que le proporciona el sistema de financiación autonómica (SFA), según el Ivie, ya que el sistema tiene diversos fondos redistributivos entre territorios. “Madrid consigue del SFA una financiación por habitante ajustado ligeramente superior a la media, la razón por la que los ingresos totales de la comunidad madrileña son menores es el ejercicio a la baja de las competencias normativas en impuestos que gravan la renta y el patrimonio”, asegura el instituto valenciano.
Algo, por otro lado, totalmente legítimo y que la mayoría de los contribuyentes ve con buenos ojos, a tenor de los resultados electorales, a pesar de que la merma en la capacidad de gasto en servicios fundamentales (sanidad, educación) repercute más sobre los grupos de población que menos se benefician de las bajadas de impuestos y utilizan más estos servicios.
A partir de los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Rafael Granell, profesor de la Universidad de València y miembro del equipo investigador del Ivie, cifra en 6.255 millones de euros lo que Madrid dejó de ingresar en 2022 (última liquidación disponible) como consecuencia de su política de rebaja fiscal, lo que representa unos 928 euros menos por madrileño y el 26% de los ingresos de la Comunidad de Madrid. Con esta recaudación “adicional” Madrid podría situarse “nítidamente por encima de la media de ingresos por habitante”, asegura el Ivie.
¿Tiene esta política un efecto sobre el resto de comunidades a través del sistema de financiación autonómica? Ángel de la Fuente, director ejecutivo del think tank Fedea, admite que “algo hay del efecto capitalidad, sin duda: la capital concentra la administración y eso atrae empresas que quieren estar cerca del poder, pero Madrid no tiene ninguna ventaja especial por ser la capital, las que sí tienen un buen colchón fiscal son las forales”. Tanto De la Fuente como el economista Miguel Ángel García, experto en finanzas públicas, recuerdan que la contribución de los territorios a la caja común del sistema de financiación autonómica se lleva a cabo según la recaudación normativa, no la efectiva; es decir, que, aunque una comunidad baje impuestos aporta según su capacidad para recaudar.
Ambos economistas admiten, sin embargo, la competencia fiscal que ejerce Madrid sobre otras regiones eliminando el Impuesto de Sucesiones, al provocar la migración hacia la comunidad de grandes contribuyentes, que son las bases imponibles más móviles. Un trabajo del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) lo analizó recientemente para Andalucía y la conclusión fue que, en las rentas más altas, siete de cada diez salidas fueron a Madrid. Básicamente, grandes patrimonios y contribuyentes andaluces: empresarios y profesionales, consejeros de sociedades y contribuyentes del tramo más alto de renta.
El profesor de economía aplicada de la Universitat de València, Andrés García Reche (fue consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana de 1987 a 1993) reflexionaba hace un par de meses en Agenda Pública como “el PIB de la Comunidad de Madrid crece, con el paso del tiempo, gracias, fundamentalmente, a los efectos beneficiosos de la capitalidad, que financiamos entre todos los españoles, y luego, sus responsables políticos, rebajan los impuestos sólo a los ciudadanos y empresas que allí residen”, y se pregunta si el tratamiento de la Comunidad de Madrid debería ser el mismo que las restantes comunidades de régimen común, o si habría que estudiar algún tipo de tratamiento diferencial, al estilo de los distritos utilizados en otros países para su capital (México, Estados Unidos).
Para De la Fuente constituye un “disparate” el hecho de privar de autonomía a una comunidad con siete millones de habitantes y mantenerla para, por ejemplo, La Rioja, con 300.000, pero sí admite la necesidad de reformar y limitar el Impuesto de Sucesiones para evitar la movilidad de los grandes patrimonios. El Ivie concluye: “A la vista de los resultados, existen razones de fondo para reconsiderar la cesión a las comunidades de impuestos que gravan la riqueza, sin limitar la competencia por dichas bases fiscales. El efecto externo negativo sobre otras comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional y justificaría limitar dicha competencia, sobre todo porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral. Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”.
