Mañana inicia el gran puente Guadalupe-Reyes. La actividad se reducirá significativamente, aunque eso ya ha empezado a ocurrir. Deberíamos tener ya aprobado el presupuesto para 2025, pero eso no ha pasado. Dicen que lo harán antes de que usted lea estas líneas, pero al menos hasta este momento no hay ni siquiera dictamen de la Comisión de Presupuesto.
Lo que se dice es que habrá una reducción en los presupuestos de organismos autónomos para resarcir a las universidades del recorte que Hacienda había publicado. No les darán más dinero, pero al menos no les quitarán. Hasta que no se vote en el pleno, no sabremos si las universidades mantienen el presupuesto del año pasado, al menos en términos nominales. Como sea, llevan ya varios años de escasez presupuestal, como ha ocurrido a casi todas las secretarías y dependencias.
Fuera de eso, parecería que no van a mover nada los diputados, pero hasta no ver, no podemos estar seguros. No hay mucho margen, pero no les ha faltado creatividad a los legisladores para hacer de la Constitución una burla, de forma que algo tan intrascendente como el presupuesto no está a salvo.
A grandes números, los ingresos del gobierno alcanzan 7.5 billones de pesos, que provienen de impuestos (5 billones), ingresos petroleros (1 billón), empresas y organismos (IMSS, ISSSTE, CFE, 1.2 billones), y todo lo demás (no petroleros, no tributarios, poco más de 300 mil millones de pesos).
El gasto, desafortunadamente, es mucho mayor que los ingresos. Para este 2024, se supone que alcanzaremos 9 billones, y para 2025 serán 9.3 billones. Ese gasto se divide en dos partes, el que se puede programar se va en servicios personales y gasto de operación (1.8 billones); pensiones tradicionales (1.6 billones); pensiones nuevas, becas y otra compra de votos (2 billones) e inversión (un billón). El otro, que se llama “no programable”, se divide en dos partes casi iguales entre el costo financiero (los intereses por la deuda) y las participaciones a las entidades federativas (el llamado “pacto fiscal”). Cada uno de estos rubros se lleva poco más de 1.3 billones de pesos.
Como se puede imaginar, no hay mucho que pueda moverse. La parte que se llama “no programable” no está en manos de los diputados, aunque quisieran. Las pensiones tradicionales, tampoco. Las nuevas y el resto de compra de votos sí podrían moverse, pero gracias a ese dinero están ahí, así que no lo van a reducir. Quedaría sólo recortar inversión o gasto de operación, pero ambos están ya a un nivel raquítico. Por eso para recuperar algo del presupuesto de universidades tienen que recortar a otras dependencias.
La verdad es que el gobierno tendría que restringirse a los ingresos que puede obtener, los 7.5 billones de pesos, pero eso ya es imposible debido a las obligaciones que ha contraído. Apenas quitando todo lo del “gasto social”, que es compra de votos, podría cerrar las cuentas en orden, pero usted puede imaginar la respuesta de los grupos clientelares a una decisión de ese tamaño. La otra opción sería reducir a la mitad la administración pública y eliminar toda inversión: tampoco es posible. En suma: no hay salida.
Por todo esto, de verdad espero que los diputados no muevan mucho las cifras, porque es poco probable que lo hagan de forma correcta. Sin embargo, el presupuesto para 2025 es una señal clara de que llegamos al límite. Lo confirmaremos en unos meses, y empezarán a decir que necesitamos una reforma fiscal. Con la mitad de la población en informalidad, con el marco jurídico destruido, con la infraestructura en ruinas y buena parte del país en manos de criminales, no es una reforma fiscal lo que necesitamos. Tal vez pensar de nuevo en qué país queremos sea un poco más útil.
