La presidenta Dina Boluarte informó que es momento de retomar el debate de la pena de muerte para los violadores tras referirse a las crímenes que se registran contra los menores de edad y que provocan hasta la muerte. De esta manera, la jefa de Estado destacó en una actividad oficial en Surco y en el Día de los Derechos Humanos que "no podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos".
No hay que olvidar que, en la actualidad, la gestión de Boluarte registra solo un 3% de aprobación y que su Gobierno— en este último mes— atraviesa una situación complicada, luego de que Alberto Otárola revelara que la presidenta se sometió a una intervención quirúrgica a la nariz entre el 28 de junio y 12 de julio de 2023.
A ello se destaca que la jefa de Estado se pronuncia sobre el tema recién, este martes 10 de diciembre, un día después de que asesinaran a una menor de 12 años en Villa María del Triunfo; cuando también se investigan denuncias de 564 estudiantes de la provincia de Condorcanqui que, entre 2010 y 2024, sufrieron violencia sexual perpetrada por docentes o auxiliares de educación.
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"Vuelve a mostrar su desprecio por las personas más vulnerable a la violencia de género y sexual, reafirma que sus propuestas de mano dura son falsas y que en realidad no le interesa resolver estos problemas", dijo Paula Távara, magister en Ciencias Políticas.
Es preciso mencionar que, a pesar de que se dio a conocer la afectación de las menores en Condorcanqui, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo no se pronunció sobre el tema y los ministros que, ahora apoyan la propuesta de pena de muerte, como Juan Santiváñez y José Arista brillaron por su silencio.
"Con las comunidades indígenas en general este gobierno ha actuado con absoluto desprecio desde el primer día", añadió Távara a este medio.
Otro hecho que no pasa desapercibo responde que mientras Boluarte daba el anuncio de abrir debate para la pena de muerte en paralelo la Comisión de Fiscalización buscaba seguir indagando sobre su operación. Para ello había citado al propio cirujano Mario Cabani y a la exministra Hania Pérez, los mismos que no asistieron al Congreso.
"Hay un intento de llevar la atención y el debate a un campo distinto (en relación a la operación e investigaciones), o buscar respaldo de sectores extremistas "a pesar de" todos sus casos abiertos (….) Se trata de una declaración desesperada de lo que denominamos populismo punitivista, proponer medidas de mano dura de cara a la ciudadanía, creyendo que si eso agrada a los población automáticamente uno agrada también", explicó Paula Távara.
La República también se comunicó con el abogado penalista Mario Amoretti quien dijo que el anuncio de la presidenta es una cortina de humo, debido a que la iniciativa no soluciona la problemática de inseguridad, además recordó que la medida no funcionó en el gobierno de Velasco.
"En el gobierno de Velasco Alvarado se dio la pena de muerte en delitos de homicidio calificado y violaciones, pero por presión de la opinión pública se retrocedió a esa medida. Está claro que es una cortina de humo de la presidenta Dina Boluarte. Esto no soluciona el problema de inseguridad que vive el país. El Gobierno de Boluarte no funciona, el Congreso no funciona, solo están en un espíritu de sobrevivencia", dijo Amoretti.
Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal coincidió con Amoretti en calificar la propuesta como una cortina de humo. Según dijo, se trata de una propuesta inviable y populista, debido a que Perú tendría que denunciar a la Corte Interamericana y salirse del pacto de San José, por lo que este proceso tardaría más de un año, tiempo en el cual los ciudadanos y la prensa estarían atentos a ese suceso y descuidarán los cuestionamientos hacia la presidenta.
"Todo el proceso suma más de un año y, mientras tanto, los delitos seguirán aconteciendo. Para mí, es una cortina de humo muy grande de la señora Boluarte, pues durante el tiempo que dure el proceso, la ciudadanía y los medios de comunicación centrarán su atención en ello dejando de lado los perjuicios del Gobierno. Es una medida populista para tapar su inacción y su baja aprobación", declaró.
Vale recordar que este gobierno tiene 50 muertos por protestas sin que pase nada; mientras las familias de las víctimas siguen buscando justicia, por lo que se concluye que la pena de muerte ya la aplicaron contra gente inocente.
Al cierre de esta información se conoció que hay 3.536 denuncias de violencia sexual en escuelas, cifra que supera al último registro del 2013, según informó la congresista Flor Pablo.
