A partir de ahora, las personas que se dediquen a la prostitución en Bélgica podrán tener un contrato laboral, con cobertura social, derecho a vacaciones, a la jubilación, al paro o a la baja por enfermedad y embarazo. También estarán más protegidas ante los riesgos ligados a la profesión.
Daan Bauwens, director de UTSOPI, la Unión belga de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales, organización que vela por los derechos del colectivo, cree que la ley es un gran avance que ofrece garantías que antes era impensables.
“El trabajo del sexo es reconocido por la ley como un trabajo, hay una igualdad de derechos para los trabajadores y trabajadoras del sexo. Ya no hay más discriminación dentro de la ley. Lo que no era lógico era decir que se trata de un trabajo con riesgos y no hacer nada para proteger a las personas del sector de esos riesgos”, comenta.
“Niego que las personas prostituidas sean trabajadores del sexo. O sea, yo parto de que ahí hay una explotación, una explotación de personas. Se habla mucho de la libre elección, pero insisto, hay una gran mayoría que son víctimas de trata y otra gran mayoría que son víctimas de la pobreza, o de un origen de pobreza, o de falta de inclusión social. Entonces tienen un abanico de elección y de libertades muy limitado”, analiza Gálvez.
Daan reconoce que la prostitución nace de una situación de desigualdad, pero defiende que la ley es una salida para las personas que quieren abandonarlo: “Antes para las personas que querían dejarlo era muy difícil, porque no tenían derechos, como la seguridad social, esto significa que no tenían derecho al paro, ni derecho a la formación, tampoco el derecho a abandonar, porque después de eso no había nada. Como ocurrió con el covid, si se dejaba de trabajar, no había nada más”, explica.
Por su parte, Lina Gálvez precisa que no es que no esté a favor de que las mujeres que ejercen la prostitución puedan tener los mismos derechos que otras personas: “Todo lo contrario. Lo que quiero es que sean ciudadanas plenas y lo que no creo es que estemos hablando de un trabajo”.
El debate es complejo, aunque el gobierno federal defiende que es una ley equilibrada para la que ha escuchado a todos los colectivos.
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