A partir de enero de 2024, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) asumió el desafío de mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género, poniendo en marcha cambios en los diseños de programas, con el propósito de adecuar y elevar los estándares de la oferta de servicios, tanto los preventivos como los dirigidos a la reparación de los daños sufridos por las mujeres que han vivido violencia.
En cumplimiento de la meta presidencial, este año contaremos con 24 Centros de Atención Especializada en Violencia de Género, uno en cada región, para apoyar la restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia grave o extrema. A través de nuestro Programa de Recuperación de las Autonomías, hemos atendido a más de 3 mil 600 mujeres y para el próximo año esperamos ampliar esta cobertura, llegando a Rapa Nui, en el territorio insular. Sin duda, este año ha sido un periodo de importantes avances institucionales, los cuales han tenido un impacto directo en las mujeres que esperan atención.
Esta respuesta debe complementarse –sin duda- con más acciones preventivas para avanzar en la erradicación de la violencia, tal como lo dispone la Ley de Violencia Integral en relación con la supervisión judicial de las medidas cautelares, entre otros aspectos.
Como Servicio, este año, hemos quintuplicado las representaciones judiciales en casos de femicidios frustrados y consumados, no obstante, dichas acciones deben ir necesariamente de la mano de medidas que garanticen la protección integral de las víctimas.
En el segundo semestre de 2024, los delitos relacionados con la violencia de género (VIF) se posicionaron como los de mayor prevalencia en casos policiales, con una tasa del 157,4%, según el informe “Casos policiales por delito de mayor connotación social y violencia intrafamiliar” de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). En consecuencia, resulta fundamental priorizar las medidas preventivas desde la detección o denuncia de ser víctima de violencia, hasta los procesos de investigación, incorporando en todas las etapas el enfoque de género. En este sentido, la labor de las policías y de las instituciones persecutoras es crucial para garantizar la protección efectiva de las víctimas.
Nuestro compromiso es con todas las mujeres, sin excepción, disponiendo para ellas y sus familias apoyo legal y psicosocial desde el primer momento, incluyendo los casos de connotación pública que involucran a autoridades, exautoridades y figuras mediáticas. Instamos a la sociedad a no revictimizarlas y a rechazar categóricamente la violencia de género, reconociéndola como un delito de seguridad pública que trasciende lo privado y afecta a toda la comunidad. Este enfoque visibiliza su gravedad y moviliza recursos estatales para prevenir y sancionar eficazmente todas sus manifestaciones.
Los avances en la creación de infraestructuras especializadas y la incorporación del enfoque de género en las investigaciones y en la administración de las sanciones, representan pasos fundamentales. Sin embargo, deben ir acompañados de un compromiso sostenido para fortalecer las políticas públicas y garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario en todo momento.
Por Priscilla Carrasco, directora nacional del SernamEG.
