Unos 300 activistas se manifestaron este martes afuera del Congreso de El Salvador para exigir a los diputados que no deroguen una ley que prohibió la minería metálica en 2017, como pretende el presidente Nayib Bukele.
Los manifestantes entregaron una carta al Congreso, suscrita por el Foro Ecuménico (que aglutina a las iglesias católica y protestantes) y una docena de oenegés, que afirma que reactivar la minería sería "una decisión irresponsable".
Bukele anunció hace unos días que pedirá al Congreso, dominado por su partido, que derogue esa ley con el fin de potenciar el crecimiento económico. Aseguró que, según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes "al 380% del PIB".
Al grito de "por la vida, no a la minería" y "el oro no se toma, el agua sí", los manifestantes, entre ellos unos sacerdotes franciscanos, se apostaron en una calle de acceso a la sede legislativa en San Salvador, donde una valla policial impidió que llegaran al recinto.
"Estamos aquí para exigirles (a los diputados) que no deroguen esa ley, que no hagan caso a un gobierno que no los ha puesto en esos cargos. Estos diputados están puestos en sus cargos por el voto del pueblo, por lo tanto se deben a la población", dijo a la AFP la activista Vidalina Morales.
Morales preside la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), una de las principales organizaciones que luchó por la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
Los ambientalistas temen que la minería contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero presentada por Bukele y que abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.
Las organizaciones ambientalistas rechazan eliminar la ley, afirmando que de lo contrario "se abre la puerta" a la contaminación del agua, indicó el activista Carlos Flores, del Foro del Agua.
"Pedimos archivar cualquier petición tendiente a revertir o modificar" la ley contra la minería, dice la carta entregada al Congreso, que asegura que los diputados "no deben ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras".
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