San Salvador. Tras acabar con la violencia de las pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió un nuevo reto rodeado de polémica: reintroducir la minería, prohibida desde 2017, para transformar una economía de lento crecimiento.
El mandatario afirmó que es “absurdo” que la minería esté prohibida en el país que posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”, por lo que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley.
“Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131.565 millones. Esto equivale al 380% del PIB”, publicó Bukele en la red X (antes Twitter) el 27 de noviembre, sin revelar la autoría de esas indagaciones.
“Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana”, declaró días después.
Los anuncios de Bukele encendieron las alarmas de los ambientalistas y una quincena de oenegés convocaron protestas para este martes cerca del Congreso.
“Una cosa es poner una mina en el desierto de Atacama (en Chile) y otra es abrir una mina a cielo abierto en Chalatenango (norte de El Salvador), donde tenemos una alta densidad de población, donde están las pocas reservas forestales” del país, dijo el activista Pedro Cabezas.
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“El efecto nocivo se multiplicaría en todo el territorio salvadoreño”, agregó el líder de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería.
Antonio Pacheco, dirigente de la ONG ADES, aseguró que explotar minas en la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a la capital, “implica un tremendo riesgo”. Un colectivo de organizaciones que lucharon por la ley antiminería afirmó que la explotación minera provocaría “escasez y contaminación del agua”.
Bukele publicó en X un mapa que ubica los yacimientos en zonas montañosas de este a oeste, sobre todo por el norte, por donde pasa el río Lempa.
Centroamérica no posee tradición minera, como los países andinos. La minería a cielo abierto es ilegal en Costa Rica, aunque el gobierno espera autorizarla de nuevo, y Panamá declaró una moratoria minera hace un año, tras paralizar una enorme mina de cobre luego de un mes de protestas.
Al pie del cerro San Sebastián, en la antigua zona minera de Santa Rosa de Lima (noreste), donde la minera estadounidense Commerce Group vio revocada su licencia en 2006 por la contaminación del río, hay desacuerdos sobre el plan de Bukele.
“Yo pienso que al hacer eso el cantón (zona rural de un municipio) podría prosperar (...), generaría empleo” y “beneficio para todo mundo”, dijo Rubén Delgado, un albañil de 55 años.
Pero José Torres, quien extrae pepitas de oro de socavones que abre artesanalmente, se opone por temor a perder su fuente de ingresos con la eventual llegada de compañías mineras.
“Los ríos se contaminan, los animales mueren y no podemos tener nada nosotros aquí”, declaró el humilde trabajador de 72 años.
Desde que El Salvador dolarizó su economía en 2001, registra un crecimiento medio del PIB del 2,1%. El 27% de los salvadoreños viven en la pobreza, según la Cepal, y casi el 70% de los trabajadores son informales.
El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, sostuvo que las cifras “espectaculares” que presentó Bukele hacen pensar que El Salvador “está sobre una mina de oro”.
Acevedo señaló que con los 50 millones de onzas de oro se podría pagar cuatro veces la deuda externa de $31.000 millones (equivalentes al 85% del PIB).
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Aseguró que el principal reto es “cómo sacar de manera social y ambientalmente responsable ese oro”, pero advirtió que “no hay ninguna receta que pueda generar un crecimiento de la noche a la mañana”.
Además, Acevedo destacó que la experiencia con el oro “no ha sido muy grata” en algunos países, porque las mineras pagan en regalías apenas 2 o 3%. Por esto, afirmó, el desafío de Bukele es “negociar de otra manera” con las transnacionales mineras.
En 2016, El Salvador ganó un arbitraje a Pacific Rim Cayman, que fue adquirida por la minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que le reclamaba $250 millones por negarle un permiso de extracción en 2009.
