En México, las autoridades incautaron este mes cerca de 400 millones de dólares en dosis de fentanilo, el mayor decomiso hasta ahora de opioides sintéticos. En Brasil, el mayor grupo delictivo del país —conocido como PCC— es sospechoso de haber blanqueado millones a través de plataformas digitales al tiempo que financiaba campañas políticas. En Chile, una banda venezolana ha desatado una epidemia de trata de personas y extorsión en una sociedad antaño pacífica.
En toda América Latina, grupos criminales cada vez más sofisticados se han atrincherado en la que se ha convertido en la región más violenta del mundo, con acceso a tecnología, herramientas financieras, contactos políticos y, por supuesto, capital. El repentino aumento de la violencia en países considerados hasta no hace mucho tiempo seguros —por ejemplo Ecuador— pone de relieve la creciente naturaleza transnacional de estas modernas empresas criminales, que han superado las fronteras y se asemejan a conglomerados ilegales.
Los países individualmente y los gobiernos locales carecen de los medios necesarios para hacer frente a esta epidemia desestabilizadora, cuyos efectos han repercutido en las recientes elecciones estadounidenses. Hoy más que nunca, es necesario un enfoque regional para combatir la delincuencia organizada.
Estamos siendo testigos de algunos pasos positivos en esa dirección, con el lanzamiento esta semana de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de esta coalición es que los gobiernos coordinen sus estrategias de seguridad, intercambien conocimientos y reciban asesoramiento técnico para hacer frente a los múltiples retos que plantea la delincuencia organizada. Ministros de Seguridad y Justicia de la región, entre otros funcionarios, se reunirán el jueves en Barbados para firmar una primera declaración de apoyo a la alianza.
Esta iniciativa es crucial por tres razones: En primer lugar, es un primer intento de desarrollar una perspectiva de colaboración entre los gobiernos de América Latina y el Caribe y otras partes interesadas clave; en segundo lugar, el respaldo del BID ofrece un foro que puede neutralizar la creciente polarización de la región —en la que presidentes no se hablan entre sí debido a sus diferencias políticas— y centrarse en lo que puede hacerse colectivamente para lograr resultados concretos. Por último, el liderazgo del principal banco de desarrollo de la región ayudará a garantizar la financiación eventual de algunas de estas políticas.
La alianza se centrará en la protección de las comunidades vulnerables a estas bandas criminales, en particular los jóvenes, en el fortalecimiento de las instituciones responsables de la vigilancia policial y la justicia, y en la interrupción de los flujos financieros ilegales, dijo el Presidente del BID, Ilan Goldfajn.
“Si el crimen está organizado, la región también debería estarlo”, me dijo. “El BID tiene la ventaja competitiva de poder sentar a todos a la mesa”.
Es una cuestión de gran urgencia: Según un estudio del BID del mes pasado, los costos directos de la delincuencia ascienden hasta el 3.4 por ciento del PIB de la región, o casi el 80 por ciento del gasto público en educación. Y eso sin contar los costos indirectos de la violencia, como el aumento de los flujos migratorios y el descenso de la inversión y la productividad empresarial, que probablemente sean mayores. Está claro que la inseguridad es una partida enorme en el costo de hacer negocios en la región y un obstáculo para el desarrollo. La interrelación de delincuentes y gobiernos en Estados como Venezuela o Nicaragua complica aún más las cosas.
Sin embargo, hay razones para ser optimistas. Según estimaciones de Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé de Río de Janeiro, el número de asesinatos en América Latina y el Caribe está en vías de disminuir entre un 4 y un 5 por ciento este año, continuando la ligera tendencia a la baja de 2023.
Aun así, Muggah advierte que la reducción no es uniforme, con puntos como Ecuador, Jamaica y Honduras mejorando “significativamente”, grandes países como Brasil y Colombia continuando sus reducciones constantes y Panamá, Perú, Haití y México sufriendo graves retrocesos. También hemos visto recientemente algunos casos exitosos de cooperación bilateral que han llevado a la detención de poderosos líderes de bandas perseguidos por Ecuador y Chile.
En estos tiempos oscuros, el problema de la inseguridad puede parecer casi irresoluble. Pero con voluntad política, políticas inteligentes, recursos y cooperación transnacional, la brutalidad que ha marcado franjas de América Latina puede reducirse drásticamente o incluso desaparecer.
