Ya había pistas de que 2025 sería un año especial para rematar los golpes de efecto de Moncloa relacionados con Francisco Franco –la mayoría coincidiendo con periodo de elecciones–, pero Pedro Sánchez –rodeado de casos de corrupción que afectan a su mujer, su hermano y miembros del Gobierno– se encargó hoy personalmente de anunciar el centenar de «actividades culturales» y «eventos de diversa índole, en escuelas, calles, y museos» que comenzarán el 8 de enero. El año culminará en noviembre con el 50 aniversario de la muerte del «Caudillo» tras aquella lenta agonía que comenzó en El Pardo y tuvo su desenlace en el hospital La Paz. En un próximo acto se darán los detalles de la celebración de esta efeméride, que tuvo su puesta de largo en presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
El lema escogido ha sido «España en libertad», como avanzó el presidente en un acto en el Auditorio Nacional de Música en el que entregó certificados de reparación a 21 personas como víctimas de la dictadura franquista, y señaló que se creará una Alto Comisionado y un comité científico de expertos para colaborar con todas las administraciones en la celebración de estas actividades. Eso sí, la Comunidad de Madrid «no se sumará», tal como aseguró ayer su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para quien Pedro Sánchez «ha enloquecido»: «Está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia», escribió en su perfil de X.
Antes, el Congreso de los Diputados realizará un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Será el lunes en un acto inicialmente previsto para octubre con motivo de su Día de recuerdo y homenaje que se suspendió por la DANA, e incluirá una mesa redonda.
Ayer, Sánchez celebró además los efectos que está teniendo la Ley de Memoria Democrática desde su aprobación hace dos años como, por ejemplo, el avance «con paso firme» en la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). «Porque evidentemente, en una democracia como la nuestra no hay tirano cuya obra merezca ser ensalzada», apuntó.
Respecto a estas declaraciones, el presidente ejecutivo de la FNFF, Juan Chicharro, señala a LA RAZÓN que «con sus intentos liberticidas de cercenar derechos fundamentales de los que no piensan como él lo único que nos demuestra es su afán de dictador del pensamiento único». En su opinión, «disolver a quienes en uso de sus derechos nos muestran una época donde todos los esfuerzos estaban encaminados al bienestar de los españoles es tarea que ya le anticipo inútil».
El presidente añadió que gracias a la ley se han exhumado más de 5.600 cuerpos y se ha logrado tramitar 637 declaraciones de reconocimiento y reparación personal. También se han «resignificado» 15 lugares de memoria «como el Valle de Cuelgamuros», según indicó, pendiente de un plan más amplio que abarcaría la desacralización y expulsión de la comunidad benedictina.
Además subrayó que gracias a esta norma, «más de 300.000 descendientes de exiliados» van a poder obtener la nacionalidad española, «un acto de justicia con quienes fueron privados del derecho a ser españoles por culpa de la persecución política».
El presidente y el ministro Torres hicieron entrega de numerosas declaraciones de reparación y reconocimiento personal a familiares, allegados o representantes de víctimas, en un escenario dominado por el lema «Memoria es democracia». Fueron recordados militantes por la democracia como el militar demócrata Xosé Fortes; la maestra María Egea; el político republicano Alexandre Bóveda; Pino Sosa; el periodista y político Julián Zugazagoitia. Junto a ellos, los sindicalistas Carmen Hombre y Juan Máximo; el estudiante Enrique Ruano; la miliciana Ángeles Flórez; el magistrado y diputado Francisco Javier Elola; el militante republicano Basilio Blasco y el escritor Joaquín Amigo.
Así mismo han sido recordadas Conchita Viera, hija de un alcalde asesinado en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1936 y luchadora por recuperar su memoria; la periodista Consuelo Berges; el militante antifranquista Luis Pérez Lara; o la maestra republicana Justa Freire.
Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, ha recordado al poeta, y hablando en nombre del resto de los homenajeados, ha agradecido "la magnífica Ley de Memoria Democrática", que supone, "tras un largo camino", una reparación para "héroes que lucharon por la libertad en nuestro país" y la anulación de los juicios sumarísimos de "aquellos tribunales militares que llenaron las fosas con 200.000 personas fusiladas" o muertas en prisión, informa Efe.
