Las rebajas de los cargos han consumido gran parte del superávit de 6.200 millones registrado en 2022, que se queda en 189 millones; la supresión del impuesto restaría 1.100 millones de ingresos
Junts pacta con el PP una enmienda para volver a suspender el impuesto a la generación eléctrica
La posible suspensión del impuesto a la generación de electricidad que han pactado en el Congreso Junts y el PP llega con el sistema eléctrico cerca de regresar al famoso déficit tarifario. Con un superávit acumulado de solo 189 millones de euros, según se desprende de la memoria del proyecto de la orden ministerial por la que se establecen los cargos para el ejercicio 2025.
PP y Junts han pactado volver a suspender este impuesto “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, en tanto el sistema no genere déficit de tarifa”. La orden de cargos que acaba de sacar a consulta el Ministerio para la Transición Ecológica cifra el superávit del ejercicio 2023, descontando los adelantos ya realizados durante el ejercicio, en 609,129 millones, pero calcula que para cerrar “en equilibrio” 2024, según la información aportada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se van a necesitar algo más de 420 millones. La diferencia, el remanente del superávit de años anteriores, es por tanto de esos 189 millones.
Los cargos, que fija Transición Ecológica, son un tipo de costes del sistema eléctrico que, básicamente, corresponden a la retribución de las renovables más antiguas, la amortización de la deuda generada entre 2000 y 2013 por el denominado déficit de tarifa (la diferencia que existía entre los ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), y el coste extra en las islas, Ceuta y Melilla. En 2025 estos cargos ascenderán a unos 7.400 millones. Se trata de una de las partes reguladas del recibo. La otra son los peajes, que fija la CNMC y financian las redes de transporte y distribución.
Y la Ley del Sector Eléctrico solo acepta un déficit del 2% de los ingresos en cada ejercicio, por lo que si se produjera un desajuste temporal entre los ingresos y costes del sistema, el Gobierno se vería obligado a aplicar una subida de los cargos, tal y como recoge el artículo 19 de la Ley Eléctrica.
Los cargos se financian con tributos específicos, con parte de la recaudación de las subastas de CO2 y con pagos directos de los consumidores por medio de la parte regulada de la factura mensual, sobre la que se cargan unos 3.500 millones. Para afrontar la crisis energética, el Gobierno redujo los cargos en otoño de 2021 y los ha mantenido un 55% por debajo del nivel precrisis en los últimos ejercicios. La diferencia se ha cubierto con superávit de años anteriores y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Según fuentes de Transición Ecológica, superadas las mayores tensiones de precios, “corresponde volver a la normalidad y mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico, pero con menor incidencia sobre los consumidores”. El ministerio destaca que “gracias a la gestión del Gobierno durante estos años, el importe de la parte regulada de la factura (cargos y peajes) repercutidos en la factura de los consumidores en 2025 será un 25% inferior al repercutido en 2019”.
“Sumando todos los importes, la factura prevista para 2025 para un consumidor residencial es un 7% superior a la de 2019, muy inferior a la inflación acumulada de estos años (del orden del 18%)”. Las mismas fuentes destacan que si antes de la crisis los hogares pagaban más por la electricidad que la media europea, ahora pagan menos; “la electricidad será en 2025 un 30% más barata que el Alemania, de acuerdo con los contratos de futuros”.
Esta ventaja competitiva tiene su origen en las renovables. Recientemente el Banco de España calculaba que en 2030 la electricidad será un 50% más barata que en la actualidad gracias a las energías limpias.
El departamento de Sara Aagesen destaca que en los últimos años se ha reforzado el marco de ayudas para los consumidores vulnerables, con descuentos estructurales del bono social superiores a los existentes antes de la crisis (35% para vulnerables y 50% para vulnerables severos, frente a las rebajas del 25% y 40% vigentes y hasta entonces) y otras medidas de apoyo. “Gracias al refuerzo de los descuentos del bono social, en el caso de los consumidores vulnerables, la factura en 2025 se prevé inferior a la de 2019”.
La enmienda transaccional redactada por Junts y pactada con los populares ha sido incorporada al informe de la Ponencia del Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La iniciativa ha prosperado porque contó con el apoyo de Vox, ERC y PNV, y salió adelante pese al rechazo de los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar. La ausencia de un diputado socialista impidió tumbar la enmienda. Los siguientes pasos son ir a comisión y luego a Pleno, aunque el PSOE busca cómo revertirla.
Todavía está por ver si finalmente sale adelante. El Gobierno tiene la facultad de vetar las enmiendas a un proyecto de ley “que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, pero su incorporación como parte del texto de la ponencia impide que el Ejecutivo pueda activar esta fórmula ya que llegará al Pleno no como enmienda, sino integrada en la proposición de ley.
Pero el PSOE intenta reconducir el error del lunes de su grupo. Este martes, la mesa de la comisión analiza si desconvoca la reunión prevista para el jueves y en la que se debería dar el visto bueno a una reforma que, en su grueso, introduce en la legislación española una normativa europea. Fuentes socialistas aseguran que el propio plenario de la comisión podría desactivar la enmienda, pero para ello haría falta que algunos de los grupos que la apoyaron voten ahora en contra. Los socialistas piensan en sus socios parlamentarios: ERC, PNV y el propio Junts.
Desde el otro socio de Gobierno, Sumar, ha reclamado al PSOE “que use los mecanismos parlamentarios” para impedir que se apruebe la enmienda. “Queremos mantener el impuesto”, ha dicho la portavoz, Verónica Martínez.
La recaudación de este impuesto es de unos 1.100 millones de euros al año. Preguntada por este asunto tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, no ha aclarado si el Ejecutivo va a vetar esta enmienda, que “está en fase de ponencia”, un trámite “absolutamente inicial”. “Queda mucha tramitación y mucho debate por delante”, ha afirmado Alegría, que ha señalado que el Gobierno es “perfectamente consciente de la situación de minoría parlamentaria que tenemos” y que “han decidido los ciudadanos el pasado 23 de julio”.
Transición Ecológica subraya que las enmiendas aprobadas son “ajenas a la transposición europea” de dos directivas de la UE relativas a los derechos de emisión, “una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española”, y que esa transposición “es urgente”, dado que el plazo para incorporarlas al ordenamiento jurídico español ha sido “de apenas siete meses”, y la norma tiene novedades que se aplican desde el 1 de enero, como la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación.
El impuesto a la generación eléctrica ya estuvo suspendido desde finales de 2018, cuando el precio de la electricidad empezó a dispararse en el mercado mayorista. Y volvió a suspenderse durante la crisis de precios energéticos derivada de la guerra en Ucrania. Actualmente está fijado en el 7%. Con esta enmienda el tipo volvería a pasar a cero. En el último ejercicio cerrado, 2022, el sistema eléctrico registró un superávit de cerca de 6.200 millones de euros, según la última liquidación definitiva de la CNMC. Pero ese superávit se ha ido consumiendo para costear las rebajas de los cargos eléctricos al 55% y la exención de los peajes para la gran industria.
El impuesto fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados) que en 2012 amenazaba con llevar a la quiebra al sistema eléctrico. El Tribunal de Justicia de la UE lo avaló en 2021. Junts ha pactado su eliminación con el PP coincidiendo con la llamada del expresidente catalán Carles Puigdemont este lunes a que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Para justificar la introducción de esta enmienda, Junts expuso que el Libro Blanco para la reforma tributaria que el encargó el Gobierno recomendaba suprimir esta figura fiscal, ya que no diferencia entre las distintas tecnologías de generación y con ello perjudica la transición energética.
El PP asegura que la suspensión de este gravamen, que se cobra a las generadoras de electricidad pero que las eléctricas repercuten luego a los consumidores en los precios del mercado mayorista, supondrá un “ahorro” estimado de 400 millones de euros para las familias españolas. En el caso de las Pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias.
