Junts registró ayer la cuestión de confianza en el Congreso para debatir y votar sobre la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, pero el órgano de Gobierno de la Cámara (la Mesa) no decidirá si acepta su admisión a trámite hasta el martes que viene. Y todo dependerá del informe que elabore el letrado mayor, Fernando Galindo, quien es exalto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez y ya quedó en el punto de mira por haber dado su plácet a tramitar la amnistía. De hecho, letrados consultados por LA RAZÓN advierten de que el mismo criterio que Galindo usó para la amnistía, se debe aplicar ahora a la cuestión de confianza. "El mismo criterio amplio de admisibilidad se debe emplear para la cuestión de confianza y la amnistía. Es el mismo criterio", señalan.
En este sentido, con la amnistía, Galindo optó por usar un criterio "amplio de admisibilidad" y emitir un informe favorable a aceptar la iniciativa a trámite porque consideró que no se daba una contradicción "palmaria y evidente" con la Constitución. "La Mesa no puede cambiar de criterio cada 24 horas", señalan las mismas fuentes, que aseguran que ahora el órgano de gobierno del Congreso "está cogido por el precedente que sentó con la amnistía". "El criterio de arbitrariedad de la amnistía condiciona mucho", insisten. "La Mesa tiene que probar ahora que es palmariamente inconstitucional", añaden, ya que consideran que Junts lleva un tema a debate: "Otra cosa es que Junts dijera que plantea una cuestión de confianza y eso sí sería inconstitucional".
No obstante, otras fuentes del cuerpo de letrados se inclinan por pensar que se emitirá un informe desfavorable a la admisión a trámite de la iniciativa ya que usarán la tesis de que la cuestión de confianza ya tiene "un mecanismo preestablecido". "Si hay un procedimiento preestablecido, lo puedes tumbar, según ese criterio. Y no cabría una iniciativa que clone ese procedimiento, como una proposición no de ley", sostienen los letrados consultados por LA RAZÓN.
Cabe recordar que Junts ha registrado una proposición no de ley que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Es decir, los posconvergentes únicamente quieren que se lleve a debate la iniciativa y ya luego sea el presidente del Gobierno quien decida si se somete o no a la cuestión de confianza ya que hay un mecanismo establecido, que está recogido en los artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso. "El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general", recoge el artículo 173 del Reglamento.
Hasta ahora, no hay ningún precedente de un grupo parlamentario haya planteado debatir y votar una iniciativa para instar al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y eso es lo que pretende Junts. Sí ha habido un presidente del Gobierno que se ha sometido a una cuestión de confianza, que fue Felipe González en 1992, una votación que ganó: no obstante, fue a iniciativa propia.
En este contexto, el gran aliado de Galindo ahora es que no hay ningún precedente calcado a la proposición no de ley de Junts y eso le permite sentar doctrina. No obstante, también estará muy limitado por el criterio que usó con la amnistía, teniendo en cuenta que esa decisión contradijo a la tomada por su antecesor en el cargo, Carlos Gutiérrez, quien había informado en contra de la medida de gracia. Los letrados consultados creen que Galindo "ha abierto una vía muy relativa para admitir iniciativas a trámite con el criterio de palmariedad".
En todo caso, también ha habido iniciativas similares a la de Junts que se han admitido a trámite: por ejemplo, recientemente se ha votado la petición al Gobierno para que cese al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz pese a que eso es solo potestad del propio Ejecutivo, según marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir, también hay un "procedimiento preestablecido" que no se ha invocado para evitar la admisión a trámite de la iniciativa.
Todo queda pendiente, por tanto, del informe del letrado mayor, que tendrá que estar listo para la reunión de la Mesa del martes que viene.
