La cuestión de confianza exigida desde el exterior por Puigdemont debilitaría de manera notable la autoridad del presidente del Gobierno y daría alas a las derechas política, judicial y mediática. El presidente no puede atenderla en ningún caso
Me imagino que Carles Puigdemont recordará que en junio de 2016 la CUP vetó el proyecto de ley de Presupuestos que el Govern de la Generalitat había remitido al Parlament para su debate y aprobación. A continuación, el president anunció que en el mes de septiembre presentaría una cuestión de confianza, que él vinculaba a la aprobación de los Presupuestos. En septiembre se aprobó la cuestión de confianza con los votos de la CUP, que desvinculó su voto favorable de la aprobación de los Presupuestos, aunque acabaría aprobándolos.
La investidura de Carles Puigdemont no fue más fácil que la de Pedro Sánchez. En realidad, se produjo el último día antes de que se tuviera que disolver obligatoriamente el Parlament por el trascurso de los dos meses para la investidura del president. Y se produjo tras haber sido vetado Artur Mas, que quedó reducido a la condición de simple parlamentario, lo que facilitó de manera extraordinaria su enjuiciamiento y condena por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). ¿Se habría atrevido el TSJC a procesarlo y condenarlo como presidente de la Generalitat? Nunca lo sabremos, pero el veto de la CUP le ahorró tener que hacerlo.
Quiero decir que la desconfianza de la CUP respecto de JuntsxCAT estuvo presente desde la misma noche electoral. Pero Carles Puigdemont, con buena lógica, únicamente estimó necesario plantear la cuestión de confianza tras el veto a los Presupuestos.
En política el orden de los factores altera el producto. Sin control de la agenda no es posible ejercer la dirección política, que es la tarea que la Constitución encomienda al Gobierno (art. 97 de la Constitución). Lo mismo hacen los Estatutos de Autonomía. En 2016, tras el veto a los Presupuestos y con los antecedentes de la operación de investidura, la presentación de una cuestión de confianza era el paso lógico para poder seguir gobernando.
Pedro Sánchez no se encuentra hoy en la misma situación en que se encontró Carles Puigdemont hace algo más de ocho años. El momento actual es el de la aprobación de los Presupuestos y no el de la cuestión de confianza. Más aun si reparamos en que todavía no está despejada la cuestión de constitucionalidad de la amnistía, que es la piedra angular de esta legislatura.
La Ley de Presupuestos es importante, pero la Ley de Amnistía lo es mucho más. De nada valdría la aprobación de los Presupuestos si el Tribunal Constitucional no avalara la constitucionalidad de la amnistía. Sin la amnistía el desorden se instalaría de manera inmediata en el sistema político y de una manera difícilmente reversible.
La cuestión de confianza, exigida desde el exterior, debilitaría de manera notable la autoridad del presidente del Gobierno y daría alas a las derechas política, judicial y mediática, generando unas condiciones muy difíciles para la aprobación de los Presupuestos y presionando de manera notable a los magistrados del Tribunal Constitucional.
No sé si Carles Puigdemont ha sido consciente de lo que supone la sugerencia que ha formulado este lunes. El presidente del Gobierno no puede atenderla en ningún caso. No se puede distraer ni un momento de la aprobación de la Ley de Presupuestos, que, de producirse, facilitaría la tarea de dictar sentencia por parte del Tribunal Constitucional en todos los recursos y cuestiones sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Llevamos varios meses en los que resulta visible una operación de naturaleza golpista para derribar al presidente del Gobierno. Nadie puede llamarse a engaño. Y menos que nadie quien tiene motivos sobrados para saber lo que está en juego.
