El nuevo registro de viajeros ha desatado un aluvión de críticas desde el sector turístico. La normativa obliga a las agencias y hoteles a proporcionar unos 40 datos de sus clientes al Ministerio del Interior, lo que ha provocado desconfianza también por parte de algunos usuarios. Como acto de rebeldía, han creado una página web que permite crear una "identidad hotelera" falsa.
En redes sociales, el mensaje se ha difundido como la pólvora entre quienes rechazan ceder sus datos personales. Las instrucciones detallan cómo generar un DNI falso y un número de IBAN español válido mediante herramientas digitales.
Los promotores de esta práctica defienden que no es obligatorio compartir información personal de alto nivel de protección, y apelan a la supuesta incompatibilidad entre la nueva normativa y otras leyes.
Algunas herramientas para generaros vuestra 'identidad hotelera':
— Ignatius J. Reilly ???????? ???????? (@erlik) December 3, 2024
- generador de nº DNI: https://t.co/WeIC6ERew0
- nº de soporte del DNI: 3 letras + 6 números, es secuencial y ahora mismo creo que se llega por la C (ej. CAB012345)
- generador de nº IBAN: https://t.co/UL8fRTBvo7
El Ministerio del Interior ha implementado este registro con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir el terrorismo y el crimen organizado. La normativa, que entró en vigor el 2 de diciembre, obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y transmitir hasta 42 datos personales de sus clientes a través de la plataforma SES.Hospedajes.
Entre los datos requeridos se incluyen nombre, apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco en caso de menores, así como el número de tarjeta o IBAN, titular del medio de pago y fecha de caducidad de la tarjeta.
La normativa se basa en el Real Decreto 933/2021, que actualiza las obligaciones de registro documental e información en actividades de hospedaje y alquiler de vehículos. El Ministerio del Interior justifica la medida señalando que las normativas anteriores, que datan de 1959 y 1974, estaban obsoletas y no contemplaban las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas y las plataformas de reservas digitales.
Según el Ministerio, la información recopilada ha permitido identificar a más de 18.000 personas con requisitorias policiales desde su implementación preliminar.
El sector turístico ha manifestado su oposición a la normativa, argumentando que impone una carga burocrática excesiva y podría vulnerar la privacidad de los clientes. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha denunciado la falta de comunicación y transparencia por parte del Gobierno y ha expresado su preocupación por el riesgo que supone la recopilación y almacenamiento de datos sensibles.
Por su parte, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) ha criticado la inseguridad jurídica que genera la normativa y ha alertado sobre la posibilidad de que provoque cierres de empresas y un encarecimiento de los viajes. ACAVE también ha señalado que la medida podría afectar negativamente la competitividad del sector y la experiencia de los clientes.
La desconfianza hacia la normativa ha llevado a algunos usuarios a buscar formas de proteger su privacidad, recurriendo a la generación de identidades ficticias para eludir la obligación de proporcionar sus datos reales.
Sin embargo, expertos en protección de datos advierten que el uso de información fraudulen en procesos oficiales puede conllevar consecuencias legales, ya que la falsificación está penada por la legislación española.
Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que los alojamientos turísticos están legitimados para recopilar información personal en cumplimiento de la normativa de seguridad ciudadana.
