El Ministerio de Trabajo prepara una ley que reformará el despido en nuestro país. Se trata del gran punto pendiente que no se modificó en la reforma laboral aprobada en 2022. El Ejecutivo abordará ahora la cuestión más polémica de todas y uno de los motivos esgrimidos por EH Bildu o Esquerra Republicana para votar en contra de la reforma de trabajo que impulsó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El Gobierno aún está desarrollando la norma que espera presentar en 2025 pero el objetivo es aumentar la indemnización, incrementando el número de días por año trabajado que se pagará al empleado.
Para ello necesita articular una mayoría suficiente de la que no ha gozado hasta ahora. Impulsará la medida intentando contar con el sí de patronal y sindicatos, pero no condicionará la medida a conseguir el apoyo de los agentes sociales tras la experiencia con la reducción de jornada laboral.
Es decir, no dejará de tramitar la ley si los empresarios la rechazan.
El Ministerio busca impulsar ahora la gran reforma que dejó en el cajón en 2022. Entonces priorizó que tanto la patronal de empresarios como los sindicatos, secundasen la medida que impulsó el Gobierno para revertir las establecidas por el anterior Ejecutivo, liderado por Mariano Rajoy.
Aquella decisión le costó dos de los apoyos más importantes: ERC y Bildu. Los dos partidos votaron en contra a pesar de haber sido el principal apoyo del Gobierno de coalición durante toda la legislatura. Precisamente, la falta de apoyo habría tumbado la reforma laboral, pero el error de un diputado del Partido Popular supuso la convalidación de la reforma por tan solo un voto.
La norma quedó aprobada, pero el despido, intacto. Desde Trabajo aseguraron que aquella ley no podía esperar más. Unidas Podemos ya hizo del despido su punta de lanza contra el Gobierno de Rajoy.
Entonces, las formaciones progresistas en la oposición acusaron al PP de abaratarlo, y desde que entró en vigor la reforma elaborada por la entonces ministra del ramo, Fátima Báñez, se comprometieron a revertirla.
Y no tocarla en 2022 fue una losa que ha arrastrado Díaz hasta la actualidad. Trabajo asegura que impulsará la norma en dentro de esta legislatura y, a poder ser, en 2025. Pero aún está confeccionando todo el esqueleto de una norma que los sindicatos llevan años reclamando.
Adelantan, eso sí, que el objetivo será endurecer el despido y reformar el despido improcedente después del tirón de orejas del Comité Europeo de Derechos Sociales. Precisamente, este organismo comunitario respondió a una demanda de UGT.
La resolución, emitida este verano, sentenciaba que la indemnización de la legislación laboral en España, 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, incumplía dos objetivos fundamentales para que no se produzcan este tipo de despidos, que están fuera de la ley: disuadir a las empresas de ejecutarlo y recompensar al trabajador.
La Comisión criticó que la normativa impedía a los jueces imponer indemnizaciones justas.
Trabajo tiene claro que debe volver al punto de partida: cerrar un acuerdo con el mayor apoyo posible tanto en el parlamento como con los agentes sociales. El equipo de Díaz ha esperado más de un año para conseguir el “sí” de la patronal en la reducción de la jornada laboral.
En septiembre, Díaz decidió volver a los acuerdos con CEOE y sindicatos, como consiguió al inicio de la pasada legislatura. Se trataba de recuperar la confianza de los ciudadanos, volviendo al consenso e impulsando medidas que convenzan a su electorado.
Pero la negativa de los empresarios ha retrasado los planes del Ministerio, y tanto en la cúpula de Trabajo como en Sumar consideran que no pueden esperar más: deben impulsar ya una agenda legislativa que devuelvan la confianza de los ciudadanos tanto a su formación como al Gobierno de coalición.
Preguntada por si considera que el Ejecutivo está proyectando una imagen de suficiente afán transformador para que la gente dentro de unos años se levante y vaya a votar, la vicepresidenta fue rotunda:
“En este momento no. Así de claro. Y le vuelvo a decir, gobernar no es resistir. Gobernar es promover una reforma fiscal que hace que, a día de hoy, las empresas tributen al 15%, gobernar es subir el SMI... Esto es gobernar. Tenemos que decirle a la gente que estamos aquí para esto porque si no, no tiene sentido”, respondió en una entrevista en la Cadena SER.
Por eso, entre priorizar el sí de la patronal o tramitar las medidas, Trabajo ha optado por lo segundo, aunque aspiraba a conseguir las dos cosas y en ello se ha empeñado desde el inicio del curso político. La negativa de los empresarios fue inesperada y ha llevado al Ministerio a tomar un atajo y cumplir, al menos, la segunda parte de su plan.
La ministra de Trabajo considera que lo más importante ahora es impulsar medidas, y hacerlo ya.
Al inicio del curso, diputados de Sumar ya advertían de la deriva que había tomado el Ejecutivo en los primeros diez meses de legislatura: “Necesitamos menos amnistía y más salario mínimo”, avisaban.
