Que en Junts per Catalunya había malestar con el Gobierno de Pedro Sánchez era una cosa sabida. Que Carles Puigdemont iba a aprovechar el aniversario de la firma del acuerdo con el PSOE para hacer explícito este malestar, también. La única incógnita era saber cuál sería la magnitud del «capón» de Puigdemont a Sánchez. Si la cosa se quedaría en toque de atención o en ultimátum. Y el presidente de Junts, que hablaba por primera vez desde su elección como líder del partido, optó por lanzar un ultimátum en diferido que pone en entredicho la legislatura. Puigdemont sorprendió al presidente y a sus ministros, y también a dirigentes de su partido, con un movimiento que en las filas socialistas reconocen que es la «gran trampa»: le insta a someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento si quiere seguir contando con sus siete diputados en las negociaciones abiertas.
En Moncloa llegan a confesar que el movimiento de Puigdemont es subir el precio de los Presupuestos. El «chantaje» del que hablan en la oposición. También niegan las quejas de Puigdemont, asegurando que ellos «cumplen» con todas las exigencias que les plantean sus socios. Fuera del radar, en el PSOE admiten que la advertencia de Puigdemont de que es el momento de marcar un «punto de inflexión» sí hace mella en los ánimos internos porque pone en duda la legislatura.
Que Sánchez se someta a una cuestión de confianza no se debatirá hasta, como pronto, el mes de febrero, y debe ser aceptada por la Mesa, que tiene que considerar si es motivo de debate una prerrogativa que solo corresponde al jefe del Ejecutivo. Desde Moncloa ya han dicho con rotundidad que el presidente no tiene intención de someterse a una cuestión de confianza, aunque se lo pida el Parlamento.
Según el artículo 173 del Reglamento del Congreso, «el presidente del Gobierno, previa deliberación en el Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general», lo que le otorga la potestad a Sánchez de convocar o no la cuestión de confianza. La petición de Junts, por tanto, «no es medida vinculante legalmente», como reconoce el propio Puigdemont, «pero sí lo es políticamente», apostilló.
«Las cosas no van bien un año después, ha llegado el momento de que haya un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie», dijo Puigdemont al anunciar que su grupo ha registrado en el Congreso esta proposición no de ley que augura unos meses muy complicados para el Gobierno. Todo, bajo una máxima con la que justificó esta decisión: «Hoy, Sánchez sigue demostrando que no es de fiar». «Se ha agotado el crédito y estamos en números rojos».
El líder de Junts ha puesto el listón muy alto en las negociaciones abiertas, si bien con este movimiento se aleja de una moción de censura del Partido Popular que requiere del apoyo de Vox.
Por un lado, exige concreciones de acuerdos que, hoy por hoy, pasan por inmigración –uno de los compromisos del PSOE con la formación independentista pendientes de concretarse– y la compensación por parte del Estado de la inversión no realizada –55%– y prevista en los actuales, amén de la negociación de los próximos Presupuestos, que se están alzando como la mejor baza de Junts para presionar al Gobierno del PSOE.
«Queremos que haya un antes y un después en la política migratoria, nos jugamos mucho como país en esa cuestión», sentenció Puigdemont, quizás mirando de reojo a Aliança Catalana, un partido en alza que se hace fuerte en el electorado juntero. Además, el expresident ha echado en cara al PSOE que mezcle el debate de inmigración con Presupuestos y ha dejado muy claro que en esta materia no se conformará con «una encomienda de gestión» porque aspira a una «delegación integral»: no se trata de encargar «la gestión y el trabajo sucio a la Generalitat», sino que «queremos decidir sobre el modelo, resolver sobre permisos de corta y larga duración, sobre reagrupación familiar, sobre órdenes de expulsión, sobre lengua catalana y control de fronteras», advirtió.
Amnistía
Puigdemont desgranó su malestar porque Sánchez no ha realizado ningún posicionamiento sobre la no aplicación de la Ley de Amnistía: «Silencio absoluto ante un hecho tan grave como que un Tribunal Supremo decide arbitrariamente no aplicar una ley en vigor». También le echó en cara su mediocre esfuerzo para hacer del catalán una lengua oficial en Europa y aprovechó para criticar que el modelo de financiación singular sea un remake del «café para todos».
Puigdemont ha vuelto a colocar en Junts la atención política cuando ERC tiene que resolver su liderazgo y en un momento en el que Sánchez tiene demasiados frentes abiertos en el ámbito judicial y político. Moncloa no se mueve oficialmente de la proclama de que no harán caso a la amenaza y de que, en ningún caso, el presidente se someterá a ninguna rendición de cuentas.
