« Venimos de otros territorios de España y no tenemos por qué aprender valenciano . Es una falta de respeto que no se exprese en castellano». Estas fueron las palabras que pronunció un agente de la Guardia Civil de Burriana ( Castellón ) a un vecino cuando trataba de interponer una denuncia en el cuartel, según aparece recogido en el último informe sobre vulneraciones lingüísticas publicado por Plataforma per la Llengua. Según sostiene la 'ONG del catalán', las discriminaciones a los derechos lingüísticos de los valencianohablantes han aumentado un 7,3 por ciento en el último año y las mujeres sufren este fenómeno más que los hombres. Así, más de quince asociaciones han presentado una radiografía de las incidencias relacionadas con el uso de la lengua autóctona, en la que cobra especial relevancia los casos denunciados contra agentes de la Benemérita y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En lo que respecta al instituto armado, una de las reclamaciones es la de un vecino de Burriana que trató de poner una denuncia por la pérdida de un objeto personal. Según describe la entidad procatalana, los indicativos que le atendieron « le exigieron que hablara en castellano » alegando que «eran trabajadores del Estado que vienen de otros territorios de España» y que «no tenían por qué aprender valenciano» para desempeñar su trabajo. De acuerdo con la misma versión, después le dijeron que era «una falta de respeto que no les hablara en castellano» y fruto del desencuentro, se marchó sin cursar ninguna denuncia. Pero no es el único caso, pues Escola Valenciana, también firmante del documento, relata una situación parecida en la Guardia Civil de Alfafar , donde aseguran que varios agentes no aceptaron a trámite la denuncia de un ciudadano por estar redactada en valenciano. Además, en ese mismo cuartel, Plataforma señala que otro vecino sufrió algo idéntico cuando trató de decir su DN en su lengua materna y le afirmaron que no le atenderían si no lo hacía en castellano. Tras la presentación del documento, los representantes de estas entidades mantuvieron una reunión con los síndics de PSPV-PSOE y Compromís en las Cortes, donde también pidieron que se vuelva a crear una Oficina de Derechos Lingüísticos , pero ahora con capacidad sancionadora. En un primer momento, igualmente se pidió cita al síndico del PP, si bien la entidad «no ha recibido ninguna respuesta», afirman en un comunicado. La presidenta de Escola, Alexandra Usó i Carinyena, ha achacado el aumento de vulneraciones registrado a que «la gente está perdiendo el miedo de denunciar». El informe evidencia que la mayoría de las quejas se corresponden con actuaciones de las administraciones públicas. Además, también revela que las mujeres reciben más vulneraciones que los hombres y geográficamente se concentran más en el sur del territorio valenciano. Por otro lado, las entidades también han augurado que en el informe de vulneraciones lingüísticas del próximo año «aumentarán de forma significativa las vulneraciones centradas en el ámbito escolar por la aplicación de la nueva ley educativa ». Finalmente, las organizaciones y sindicatos firmantes han insistido en reclamar a la Generalitat que «continúe avanzando hacia la igualdad lingüística y el trabajo conjunto con los gobiernos de Cataluña y las Islas Baleares desarrollando un plan de cooperación efectiva en los ámbitos de la lengua y la cultura con los ejecutivos del mismo ámbito lingüístico».
