Renfe ha comenzado a tomar medidas para cobrar parte de los 166 millones de euros que le reclama a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta S106, los conocidos como Avril. La operadora pública va a retener los abonos que tiene que hacer a Talgo por los pagos pendientes del contrato de los S106, según informa Efe.
Esta primera reclamación, que asciende a 116 millones de euros, supone la ejecución de la penalización recogida en el contrato firmado por las dos compañías y está respaldada por un informe jurídico que señala que la ferroviaria pública está obligada a ejecutar esas penalizaciones. Además de esa cantidad, Renfe anunció otra reclamación por 50 millones de euros por el lucro cesante derivado de las demoras en la puesta en servicio, que se sustanciará más tarde y otros 80.000 euros diarios a partir del 1 de abril hasta la entrega de los trenes, que se produjo a finales de mes.
Tal y como adelantó LA RAZÓN el lunes de esta semana, la compañía pública no se había olvidado del asunto y estaba pendiente de recibir un informe de un despacho de abogados para ver cual era la mejor opción que tenía para hacer valer su reclamación y que el fabricante de material rodante le abone el dinero que le pide.
Renfe y Talgo han mantenido abierta hasta hace algo más de dos meses una vía prejudicial de conciliación para intentar llegar a un acuerdo sobre el asunto. Sin embargo, como añaden fuentes conocedoras del asunto, no llegaron a un entendimiento. Ni siquiera después de que un informe independiente intentase poner paz entre las partes tras rechazar Talgo hasta en dos ocasiones las alegaciones presentadas por Renfe.
De este modo, agotada esta opción, la operadora pública había solicitado a un despacho de abogados un informe para ver cual era la mejor vía para que su reclamación llegase a buen puerto porque, como explicaron las fuentes, Renfe quiere hacer valer un contrato público y defender sus intereses.
De lo que dictaminara ese informe iba a depender que la operadora pública optara por opciones que pudieran pasar por una reclamación ante los tribunales de justicia, recurrir a una corte de arbitraje o, como finalmente ha decidido, retener pagos.
La ejecución de la sanción se ha producido coincidiendo en el tiempo con la visita que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realizó a la fábrica de Sidenor en Vizcaya, empresa que ya ha lanzado una oferta para comprar hasta un 30% del capital de Talgo y que cuenta tanto con el respaldo del Gobierno central como del vasco, al tener capital nacional, en contraste con la OPA húngara que el Ejecutivo tumbó en verano.
"La empresa es un ejemplo de innovación y apuesta por las nuevas tecnologías en una industria tan importante para la economía española como la siderúrgica", aseguró el ministro tras recorrer las instalaciones de Sidenor.
