Si alguien quiere una radiografía de la locura hecha gobierno, ahí está el Tren Maya, proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador.
Es más que una locura: es un delito.
De diciembre del año pasado al cierre del tercer trimestre de este año, el Tren Maya ha recibido subsidios por 11 mil 862 millones de pesos para su operación.
Y ha generado, en ese mismo periodo, 134 millones 940 mil pesos.
Es decir, el tren de AMLO opera con 98.9 por ciento de subsidios y 1.1 por ciento de ingresos propios, como lo explicó ayer en estas páginas una pormenorizada nota de Aldo Munguía.
¿Se entiende ahora por qué ningún grupo empresarial participó en las licitaciones para la concesión de alguno de los tramos del trenecito del presidente?
Luego el gobierno les ofreció a los empresarios las concesiones de manera gratuita: tengan, opérenlo. Nadie lo quiso.
Obvio, porque un empresario tiene la obligación de no perder dinero cuando emprende un proyecto.
El gobierno también está obligado a no perder con la ejecución de obras, y sin embargo Morena lo hizo.
Lo hizo por tres razones: porque el dinero no sale de la bolsa de los morenistas, sino de los impuestos y préstamos que pagamos los ciudadanos.
Como el dinero no es de ellos, tírese. Y se seguirá tirando porque la viabilidad financiera del tren es nula.
Segundo, el gobierno de Morena lo hizo porque no tendrá consecuencias legales, pues la Constitución y las leyes no rigen para el grupo en el poder.
Y lo hacen porque se trata de un capricho (demencial) del jefe de la secta hecha partido, a quien nadie se atreve a contradecir.
Sólo 1.1 por ciento del gasto de operación del Tren Maya se recupera. ¿No es de locos?
Ese dispendio es aparte de los 515 mil millones de pesos que ha costado la construcción de la obra, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Proyectaron que el costo total de la obra iba a salir en 156 mil millones de pesos, y ya va en 515 mil millones a diciembre de este año, más lo estimado para 2025 en el Presupuesto de Egresos de la Federación: 40 mil 800 millones de pesos.
Y el trenecito requiere de 98.9 por ciento de subsidios para seguir operando.
Esta locura se explica, también, porque la obra ha sido una escandalosa fuente de corrupción.
Con todo y que sellaron por 15 años la información de cómo se gasta el dinero de los ciudadanos en esa obra, el buen periodismo ha develado algunas puntas de las torres de esa catedral de la corrupción cuatroteísta.
Latinus ha mostrado cómo se asignan contratos multimillonarios a los allegados de López Obrador: jóvenes sin capital y ninguna experiencia, a los que les vale madre si el tren se descarrila… “ni pedo”, dicen.
En las obras del tren, informó Latinus, se utilizó gasolina robada a Pemex a través del huachicol. Delito sobre delito.
“Pruebas”, exige el gobierno actual, en lugar de investigar a fin de defender el patrimonio público que temporalmente se les ha confiado.
En un espléndido reportaje de Alhelí Salgado, que se publicó este domingo en El Universal, la periodista exhibe los contratos del gobierno con una empresa para encargarla de ahuyentar o matar a la “fauna nociva” para el tren de López Obrador.
Para el gobierno de Morena, “fauna nociva” son el jaguar, el tapir y el venado, especies en extinción, que son consideradas “peligrosas para las actividades ferroviarias dentro de la infraestructura”.
La mitigación de la “fauna nociva” para la obra, se estipula en el contrato, se realizará ahuyentamiento con pirotecnia, instalación de redes y trampas, uso de dardos tranquilizantes para ejemplares de talla grande, entre otros métodos.
Esos “otros métodos” contra los animales incluye matarlos con métodos que disminuyan al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés.
El reportaje de Alhelí Salgado muestra el contrato donde se especifica, en su inciso “d) Manejo del sacrificio y cadáveres animales de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal”.
De acuerdo con el reporte oficial, en el tren de López Obrador se han talado 10 millones de árboles en lo que es el segundo pulmón forestal de América Latina, sólo después de la selva del Amazonas.
Los defensores de la selva han señalado que se han cortado varios millones de árboles más que los 10 millones reportados oficialmente.
Sus amparos, como se ha publicado en El Financiero, han sido sistemáticamente violados.
También se viola el artículo 73 fracción VIII de la Constitución: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.
El Tren Maya retrata a los gobiernos de Morena.
