La defensa de Juan Rivas asegura que el ministerio público pide siete años de cárcel por maltrato para el padre de los niños
El hijo mayor de Juana Rivas pide a la justicia italiana que su hermano regrese con su madre: “Corre peligro”
La Fiscalía italiana concluyó el pasado 14 de noviembre, tras una investigación, que Francesco Arcuri, exmarido de Juana Rivas, maltrató a sus hijos y que por lo tanto no puede tener la patria potestad del pequeño, todavía menor de edad. Según comunicó este martes la defensa de Rivas, la acusación pública pide siete años de cárcel por este motivo al padre de los niños a los que, asegura la Fiscalía italiana, sometió “habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”.
Juana Rivas fue condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, y luego fue indultada parcialmente por el Gobierno español.
En un comunicado difundido este martes, la representación jurídica de Rivas, ejercida por los letrados Carlos Aránguez, Juan de Dios Ramírez y Francisca Granados, ha expuesto que el pasado 14 de noviembre, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri “ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri”, expareja de Rivas y padre de los hijos de ambos, por presunto maltrato a sus hijos Gabriel y Daniel Arcuri Rivas, “sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”, según los letrados.
Los letrados exponen que Daniel, menor de edad, “continua estando obligado a vivir en Carloforte con su padre Francesco Arcuri, porque ”sigue sin ejecutarse la sentencia de Casación, ni adoptarse medida cautelar alguna para la protección“ del mismo; mientras Gabriel, que ya tiene 18 años de edad, ”pide ayuda a la Fiscalía General de Cagliari y expresa con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira“, viendo a su hermano ”en gran peligro“, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.
“Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor, se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él”, señalan los letrados.
