Un estudio del instituto IDRA desvela que la mitad de los arrendatarios de Madrid y Barcelona caen en situación de pobreza relativa tras pagar el alquiler
España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios
El alquiler suele estar entre los últimos gastos que una familia deja de pagar, incluso en grandes ciudades donde la mayoría de los hogares ya destinan más de un 30% de sus ingresos –lo máximo recomendado– a la vivienda. Esta es una de las concusiones del último informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), una encuesta realizada en Madrid y en la capital catalana y cuyos resultados constatan además que menos de un 10% de los arrendatarios se han retrasado alguna vez en los pagos en el último año.
Las respuestas de los inquilinos encuestados, según concluyen sus autores, rebaten la idea difundida por algunos sectores inmobiliarios de que en los últimos años se ha disparado el fenómeno de los inquiokupas, aquellos arrendatarios que supuestamente se aprovechan del escudo social contra los desahucios para vivir en una casa sin pagar el alquiler. Solo el 8,5% ha incurrido en algún tipo de impago o atraso en las mensualidades en el año anterior (el 9,8% en Madrid y el 7,2% en Barcelona, respectivamente).
“Estamos viendo lo que ya ocurrió durante lo peor de la crisis económica, cuando había familias que dejaban de comer tres veces al día para poder pagar la hipoteca y no perder la casa”, señala Jaime Palomera, coautor del estudio Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley. “Hay familias que sufren privaciones porque la posibilidad de perder la vivienda si dejas de pagar es muy real, a pesar de que se habla tanto de inseguridad jurídica”, añade.
En el caso de los atrasos en el pago, la encuesta incluye dentro de ese porcentaje tanto los que llegan tarde un mes como los que incurren en impagos durante una larga temporada. “Teniendo en cuenta que ya de por si la población que se retrasa es pequeña, la de aquellos que dejan de pagar y se quedan mucho tiempo en el piso es residual”, añade Palomera. “La inquiokupación, igual que la ocupación, es un problema que se ha hiperdimensionado y que ha generado mucha alarma social”, constata.
El dinero que los hogares destinan a pagar el alquiler en Madrid y Barcelona sigue subiendo, igual que lo hacen los precios de la vivienda. Dos tercios de los inquilinos destinan ya más de un 30% de sus ingresos a pagar el piso. Y uno de cada tres se gasta más del 50% del dinero que entra en el hogar. Los que padecen mayor sobreesfuerzo, detalla la encuesta, son las familias con menores a cargo, que dedican más del 40% de los ingresos a ello, y las monomarentales superan el 50%.
Estos datos van ligados a otra de las principales conclusiones del informe de IDRA, que es que la mitad de los hogares de ambas ciudades se quedan en situación de pobreza relativa tras abonar la mensualidad del alquiler, con 561 euros de media por unidad de consumo para pasar el mes. En Madrid es el 55% y en Barcelona, el 48,1%. “Estamos hablando de familias que tienen dificultades para acceder a los recursos necesarios para tener una vida digna, que si tienen una situación inesperada, como que se le rompen las gafas a su hijo o tienen que hacer una ortodoncia, esto supone ya una crisis financiera”, advierte el coautor del estudio.
Los autores del informe defienden que a diferencia de otros países europeos, vivir de alquiler en España “es sinónimo de inseguridad”, en parte debido a que nueve de cada diez contratos son temporales (frente al bajo porcentaje de renta antigua y alquiler social). Una casuística que se remonta, según señalan, al Decreto Boyer de 1985, que eliminó los indefinidos.
En 2019, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para aumentar la duración de los contratos de alquiler de tres años a cinco (y siete en caso de grandes tenedores). Esto, según IDRA, habría reducido el número de mudanzas llamadas forzosas que se llevan a cabo en Madrid y Barcelona. Una de cada tres responden a estas situaciones, que tienen que ver no solo con la no renovación de un contrato o la subida “inasumible” de la mensualidad, sino también el acoso inmobiliario o las deficiencias de la propia vivienda.
En este sentido, el nivel de movilidad sigue siendo elevado dentro de las dos principales ciudades españolas, algo que va “asociado” según IDRA a la inseguridad del alquiler. El 80% de los arrendatarios de Barcelona han llevado una o más mudanzas en los últimos cinco años, mientras que en Madrid esta cifra es del 62%.
