Francesco Arcuri , expareja de Juana Rivas a la que la granadina ha acusado de haber «maltratado» a los dos hijos de la pareja y que ha asegurado que la Fiscalía de Cagliari (Italia) le ha procesado por ese motivo, ha respondido negando la mayor: la justicia italiana, ha afirmado a través de su representación legal en España, no le ha notificado «absolutamente nada» que signifique un cambio en el proceso judicial. Arcuri ha negado «firmemente» las acusaciones de maltrato que el martes 3 de diciembre realizó su hijo mayor, Gabriel , que tiene 18 años. Por escrito y a través de un vídeo, ha afirmado que su padre es «incapaz de controlar su impulsividad y su ira» y que teme por su hermano menor, de diez años, Daniel, que vive «junto a un maltratador». El mensaje de Gabriel Arcuri contra su padre va en la misma línea que el escrito de la fiscalía italiana , que pinta a su progenitor como alguien que les pega, trata de estrangularles, les insulta repetidamente y les amenaza con «cortarles los dedos de las manos para que se desangren» si le cuentan algo a su madre, Juana Rivas. El abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano , ha explicado que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna de una posible imputación por maltrato, la cual vendría derivada de las trece denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas. Pese a este posible cambio de rumbo en el proceso, que ahora lleva otro fiscal, el equipo jurídico de Arcuri incide en la «inexistencia» de hechos que respalden estas acusaciones y se remite a la extensa documentación recabada a lo largo del proceso con un «seguimiento casi diario» de los menores por parte de diversos profesionales, incluyendo los servicios sociales y el centro educativo. A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández , ha rehusado opinar sobre «un asunto judicializado», en este caso además en otro país europeo como es Italia. Pese a todo, ha mostrado su confianza plena en la justicia italiana con las pruebas que la Fiscalía haya puesto ante el juez en relación a un posible maltrato.
