La reciente declaración y posterior revocación de la ley marcial por parte del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha sumido al país en una gran crisis política. La medida, anunciada bajo el pretexto de proteger "el orden institucional" frente a supuestas "actividades antiestatales" de la oposición, desató una reacción inmediata en el Parlamento. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, respondió rápidamente organizó de emergencia una votación que exigía la retirada de la ley, logrando una mayoría abrumadora.
Militares intentaron irrumpir, enfrentándose a barricadas improvisadas por políticos y protestas masivas de ciudadanos que clamaban por el respeto a la democracia. Ante la presión combinada de la Asamblea Nacional, los ciudadanos y su propio partido, el gobernante, Yoon Suk-yeol decidió finalmente revocar la ley marcial, argumentando su intención de respetar la decisión parlamentaria.
Sin embargo, el episodio ha dejado una huella profunda en la política surcoreana, con llamados a su destitución liderados por el Partido Demócrata y otras formaciones opositoras. Las tensiones no cesan, con sindicatos convocando huelgas indefinidas y una creciente movilización ciudadana en defensa de las instituciones democráticas.
