Maribel Ayala, una de las cerca de 500 afectadas que se ha visto obligada a dejar su vivienda por problemas estructurales, lamenta la falta de respuesta de la administración en forma de vivienda; la Generalitat Valencia ha habilitado ayudas al alquiler de hasta 800 euros
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La respuesta a las familias desalojadas por los daños que han sufrido sus viviendas por la devastación de la DANA del pasado 29 de octubre que se ha cobrado ya 222 vidas es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las administraciones, principalmente el Gobierno valenciano con la mayoría de competencias en materia de vivienda.
Un mes después de la tragedia las cifras siguen siendo provisionales, puesto que los 600 técnicos movilizados, de los que 170 trabajan sobre el terreno en los municipios afectados, siguen realizando valoraciones por lo que los datos cambian a diario. Con todo, los últimos los hizo públicos este lunes 2 de diciembre el vicepresidente para la reconstrucción, José Gan Pampols, y arrojan un total de 492 viviendas desalojadas por problemas estructurales, otras 1.698 declaradas no habitables por los daños (aunque puede tratarse de daños materiales en una planta baja, pero seguir estando habitadas en una planta superior), 160 con necesidad de demolición y 126 apuntaladas.
Tras la catástrofe, muchas familias se vieron obligadas a realojarse de forma provisional en casas de familiares o amigos, y así siguen la mayoría ante la tardía respuesta de las administraciones. La Generalitat Valenciana habilitó diferentes centros de acogida temporales para atajar la urgencia de aquellas personas vulnerables que no tuvieran donde ir. Tras un mes, se empiezan a entregar con cuentagotas las primeras viviendas sociales para personas afectadas en riesgo de exclusión sin alternativa habitaciones y se ha aprobado una línea de ayudas de alquiler. A medio plazo, la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero tiene previsto poner a disposición de los afectados casi 300 viviendas que están en proceso de rehabilitación y acondicionamiento.
Maribel Ayala es una de las afectadas. Vivía en un segundo piso en la avenida de Francesc Císcar 2 de Paiporta con su hija de 22 años y con su hijo de 21 que padece epilepsia: “La tarde que pasó todo yo estaba trabajando y mis hijos estaban solos en casa. Se subieron al terrado porque el agua alcanzó los 4 metros de altura y yo me quedé en la fábrica en la que trabajo en Albal, que también se inundó, pero donde nos pudimos refugiar. El día 4 de noviembre vino la Policía Nacional y nos dijo que teníamos que desalojar por riesgo estructural. Como no cabíamos todos con mi madre, se quedó mi hija con ella y a mi hijo a mí nos acogieron unos amigos en València”.
Ayala lamenta la falta de soluciones en todo este tiempo por parte tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat Valenciana que les aboca a vivir separados sin tener un horizonte claro, puesto que si bien afirma que su edificio sí que se va a rehabilitar, no tienen unos plazos concretos para volver a su casa, una situación idéntica a la que están sufriendo las otras cinco familias que vivían en la comunidad, acogidos también entre amigos y familiares.
Según explica, actualmente está en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en su empresa y dispone por suerte de un vehículo que le cedió una plataforma solidaria, ya que el suyo quedó destrozado y no ha podido reponerlo. Además, comenta que a pesar de la cadencia de tres meses en el pago de la hipoteca, sigue abonando los intereses que ascienden a 300 euros y todos los alquileres que ha mirado en Paiporta y alrededores ascienden a entre 800 y 1.200 euros, es decir, lo que cobra de nómina.
“Es inviable que pueda acceder a esos un piso alquilado, incluso han subido los precios entre 50 y 100 euros por la alta demanda de desalojados. Parece mentira, pero hay quien quiere hacer negocio de una desgracia como esta. Estoy mirando las ayudas al alquiler, pero no se sabe cómo ni cuándo vamos a empezar a cobrarlas”, lamenta y sobre su estado anímico afirma: “Estamos bastante mal, yo no duermo más de tres horas al día. Mi hijo necesita tranquilidad por su patología porque tuvo varios episodios graves meses atrás. A todo esto se añade que vienen las navidades y no sé si podremos pasarlas juntos”.
El Consell aprobó el pasado 12 de noviembre las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes para alquiler de vivienda destinadas a aquellas familias o unidades de convivencia cuya residencia habitual sea inhabitable debido a las consecuencias de la DANA. El importe de estas ayudas, gestionadas por la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, asciende a 50 millones de euros.
El decreto establece ayudas para el arrendamiento a las personas físicas propietarias o arrendatarias cuya vivienda habitual y permanente haya resultado dañada o afectada por una orden de desalojo que impida su acceso y/o uso.
Las ayudas pueden ascender hasta los 800 euros mensuales, con el límite máximo de la renta que conste en el contrato de arrendamiento más la fianza y en su caso garantía. Se subvencionarán hasta 12 mensualidades de renta.
Estas ayudas no serán aplicables en caso de que la persona solicitante o alguno de los miembros de la familia o unidad de convivencia sea titular de otra vivienda a su disposición situada a menos de 30 kilómetros de la vivienda afectada y que no haya sido afectada en su habitabilidad por el temporal.
El plazo para presentar solicitudes está abierto desde el 15 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2025. Se deberán presentar preferentemente de manera telemática, a través de la sede electrónica de la sede electrónica de la Generalitat o presencialmente en las oficinas ubicadas en los municipios.
La relación de municipios afectados por el temporal y de los que se podrán pedir las ayudas son los siguientes: Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Alborache, Alcàsser, Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benetússer, Benicull de Xúquer, Benifaió, Beniparrell, Bétera, Bugarra, Buñol, Calles, Camporrobles, Carlet, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chera, Cheste, Chiva, Corbera, Cullera, Dos Aguas, Favara, Fortaleny, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Guadassuar, Llaurí, Llíria, Llocnou de la Corona, Llombai, Loriguilla, Macastre, Manises, Massanassa, Mislata, Montroy, Montserrat, Paiporta, Paterna, Pedralba, Picanya, Picassent, Polinyà de Xúquer, Quart de Poblet, Real, Requena, Riba-roja de Túria, Riola, Sedaví, Siete Aguas, Silla, Sinarcas, Sollana, Sot de Chera, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Turís, Utiel, València (pedanías sur), Vilamarxant, Xirivella y Yátova. Estas ayudas complementan los 200 millones iniciales que el Consell aprobó para la reposición de enseres para la DANA.
Los criterios para la concesión son ser residente de zona afectada por la DANA y que la vivienda siniestrada constituyese la residencia habitual con anterioridad al siniestro; que ostenten la condición física de propietaria, usufructuaria o arrendataria de la vivienda siniestrada o tener la condición de persona heredera o cónyuge de la persona titular fallecida siempre que esta fuese su residencia habitual con anterioridad al siniestro; que se haya producido una pérdida de dicha vivienda o que esta necesite una reparación de carácter estructural o cuyo periodo de recuperación exceda de 6 meses, acreditado mediante informe municipal; que carezcan de otra vivienda; que no superen con sus ingresos 4,5 veces el IPREM, referido a 12 pagas.
