Los consellers de Medio Ambiente y Agricultura deslizan el bulo de que la ley bloquea un proyecto para encauzar barrancos, pero el PP quiere rebajar de intensidad la norma para permitir una mayor edificabilidad en la huerta
La Generalitat reconoció por escrito el día de la DANA que el seguimiento de ríos y barrancos también es su responsabilidad
No es nuevo que el PP señale la Ley de l'Horta como un problema para la política territorial valenciana, pero desde la fatídica DANA no ha dudado en utilizarla como palanca para sus intereses. El gobierno de Carlos Mazón está usando la coartada la DANA para lanzar un bulo: que la ley bloquea las intervenciones para encauzar los barrancos del Poyo y de la Saleta, por lo cual es necesario revertir esta legislación proteccionista del anterior gobierno del Pacte del Botànic.
Cuando Mazón compareció en las Corts Valencianes para explicar su gestión durante el episodio del catastrófico temporal, ya señaló directamente a esta ley como un obstáculo que impide la actuación de la que es responsable la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y este lunes se daba un paso más en este sentido. En una reunión de los consellers de Medio Ambiente y de Agricultura, Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina, con los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA, ambos anunciaban una revisión de la legislación para “desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos”.
Como punto clave apuntaban recortar las responsabilidades del Consell de l'Horta, un organismo que integra a diversas conselleries, la Diputación de València, el Ayuntamiento de València, organizaciones agrarias y entidades de defensa de la huerta. Hasta la fecha, sus informes eran preceptivos y vinculantes, pero con el cambio normativo limitarán su responsabilidad únicamente a la materia agrícola.
El Consell que preside Mazón afirma que “actualmente, los informes sobre las mejoras en estos barrancos son desfavorables, a pesar de que los técnicos han reconocido la urgencia de estas intervenciones para evitar futuras inundaciones. Una vez aprobadas las modificaciones en la Ley de la Huerta, ambos proyectos quedarán desbloqueados, lo que obligará al Ministerio para la Transición Ecológica a ejecutar las obras”.
Pero desde el PSPV y Compromís han negado la mayor, afirman que la legislación lo que hace es proteger el territorio y por ende a la ciudadanía, y que el PP se sirve de la DANA como “coartada” para profundizar en sus políticas de promoción urbanística.
La socialista María José Salvador, exconsellera de Territorio, afirma que que no hay “ningún informe que bloquee ni ponga en situación crítica la intervención sobre estos barrancos”. Salvador señala que “únicamente existen informes de subsanaciones y condicionantes como integración paisajística, la prueba es que los proyectos están en tramitación”.
Asegura la diputada del PSPV que “es un bulo del PP para continuar con su política de involución del territorio”. Recuerda así que el Plan Simplifica presentado por el Consell “vuelve a apostar por el urbanismo, es una contrarreforma de desprotección de territorio y facilita la construcción en territorio protegido”. Además explica que “la ecuación más adecuada es 'más protección del territorio=más protección de las personas”, pero que “el modelo del PP está en las antípodas” del suyo, y que consiste en “construir todo lo que se pueda”.
Desde Compromís la portavoz adjunta, Paula Espinosa, ha ido en la misma línea: “el Consell del PP miente cuando dice que la Ley de l'Horta ha supuesto un freno a la puesta en marcha de los proyectos de actuación”. Espinosa insiste en que “lo que exige esa ley es garantizar que esas obras se adapten al territorio protegido haciéndolas más útiles ante el contexto climático que sufrimos, pero en ningún caso prohíbe su adecuación”.
La diputada asegura que los consellers que asistieron a la reunión con los alcaldes “mintieron descaradamente”, y lamenta que “la tergiversación del PP sobre la realidad legislativa en la protección del territorio está siendo muy burda”.
Ambas diputadas coinciden en señalar que la responsabilidad de la paralización del encauzamiento fue del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, como ya denunció la anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Recuerdan que los proyectos databan de 2006 y 2007 y que con la entrada del Gobierno del PP perdieron fuerza hasta el punto de que caducaron el año 2017. Para entonces, y con la nueva legislación territorial, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tuvo que reiniciar el proyecto, que entró en la conselleria en 2022, un proyecto que todavía está en tramitación.
