La documentación recién incorporada al sumario revela que la Fiscalía ha recurrido que el juez Peinado imputara a Güemes sin dar ninguna explicación ni revelar qué delito se le atribuye
El juez Peinado imputa a un exconsejero de Esperanza Aguirre en la causa contra Begoña Gómez
Juan José Güemes, uno de los hombres fuertes de los gobiernos madrileños del PP y Esperanza Aguirre, fue contundente ante el juez cuando, hace unos días, negó haber dado trato de favor a Begoña Gómez al contar con ella para el Instituto de Empresa. “No se contrató a la señora Gómez por ser la esposa del Presidente del Gobierno”, dijo unos instantes antes de que Juan Carlos Peinado cortase su declaración y le informara de que, a partir de ese momento, estaba imputado.
El contenido de su declaración como testigo, que ha podido examinar este periódico, revela que el juez que investiga el caso arrancó con una pregunta: si había “intercambiado impresiones” con otra persona antes de declarar, algo que Güemes negó. A continuación negó de varias maneras distintas que el Instituto de Empresa hubiera contratado a Gómez por estar casada con Pedro Sánchez.
“La relación con Begoña Gómez se inicia antes de que su esposo fuera Presidente del Gobierno”, especificó Güemes, explicando que conocieron a la imputada en 2017 y que la fecha de su contrato es de enero de 2018, meses antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Gómez, añade, presentó “sus credenciales académicas, acreditó con su currículum tener experiencia para su trabajo”, aunque no conserven ese documento.
“No se contrató a la señora Gómez por ser la esposa del Presidente del Gobierno”, refleja el acta de la declaración de Güemes. Instantes después el juez instructor cortó su declaración y, como ha sucedido ya con otras dos personas en este procedimiento, decidió que su próxima citación sería como imputado. Poco después, una trabajadora del IE confirmó que Güemes “dio las órdenes para contratarla”.
Tras la imputación de Güemes, la Fiscalía recurrió la decisión del juez Peinado de llamarle a declarar de nuevo pero con abogado, alegando que el magistrado no había “precisado cuál es el delito atribuido ni su presunta participación en el mismo”. La resolución con la que el juez le llama a declarar, de hecho, no especifica qué delito se le imputa ni el motivo de su cambio de testigo a investigado.
En el escrito de la Fiscalía de Delitos Económicos se destaca que Güemes es el tercer imputado que recibe esta condición después de haber sido citado y declarar como testigo, con obligación de decir verdad. Sucedió con el empresario Juan Carlos Barrabés y también con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. De nuevo, alega el fiscal en su escrito, se produce en la decisión de Peinado una “inexistencia de motivación, por sucinta que sea, y de exposición fáctica o argumental”.
Uno de los últimos movimientos del magistrado se adentró en un territorio inexplorado hasta el momento: el patrimonio de Gómez. Así, acordó dirigirse al Punto Neutro Judicial para solicitar la lista de cuentas bancarias de las que es titular la mujer del presidente del Gobierno. En el sumario del caso figura que el juez ya ha obtenido respuesta a esa petición.
El Punto Neutro Judicial ha localizado 11 cuentas bancarias en las que figura Gómez con un saldo total de 40,25 euros, aunque advierte de que es una respuesta “incompleta”. En el listado muestra que aparece como “titular” en cinco cuentas, como “representante” en cuatro y como “autorizado” en dos. Las únicas en las que se refleja algún saldo son dos en las que figura como titular: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros. El resto de cuentas están a cero euros. El período analizado comienza el 1 de diciembre de 2019 y termina el 18 de noviembre de 2024.
El juzgado número 41 de Madrid ha puesto dos tomos nuevos de documentación a disposición de las partes en una causa que indaga en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez y si, tal y como afirman acusaciones populares como Vox y Manos Limpias, recibió algún tipo de trato de favor por ser esposa del Presidente del Gobierno, algo que han negado por el momento todas las personas que contaron con sus servicios tanto en el Instituto de Empresa como en la Universidad Complutense, donde llegó a comandar dos másters y una cátedra hoy cancelados.
Una última ramificación del caso gira en torno a si Gómez se apropió de alguna manera de un software que varias empresas desarrollaron para su cátedra. Un asunto en el que la propia Complutense ha comprobado que no fue registrada por ella en ningún Registro de la Propiedad y que, en todo caso, fue ubicado en una página web que sí estaba a nombre de una de sus empresas. La nueva documentación del caso refleja la respuesta de la empresa Indra cuando el juez preguntó el dinero invertido en esta plataforma: un total de 128.442,37 euros sin contar el IVA que facturó a una de las empresas de su propio grupo.
Indra, en comunicación con el juzgado, indica que se hizo para la Universidad “con carácter gratuito” y que después de su creación en 2022 ni la empresa ni ninguna filial participaron en “el despliegue de la primera versión de la plataforma ni en ulteriores desarrollos del producto”.
