Tras haber pedido la semana pasada la apertura del procedimiento preventivo de crisis, la cerealera Vicentin decidió salir al ataque y demandar a tres presuntos acreedores por los delitos de estafa procesal y extorsión. La compañía asegura que los acusados buscaron trabar adrede el concurso preventivo y evitar la homologación del acuerdo con el fin de apropiarse de manera ilegítima de la empresa.
La compañía fue admitida ayer como querellante por el juez Santiago Roberto Banegas de la Sala 4 de Reconquista. Los demandados por Vicentin fueron Commodities SA, Olzen Industria y Comercio de Calzado, y Mariano Grassi, a quien acusan de ser el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors-, una Alyc del mercado de capitales.
"La querella denuncia la estrategia detrás las maniobras coordinadas mediante diversos hechos que persiguen impedir el acuerdo entre Vicentin y sus acreedores, con el fin de tomar el control irregular de la sociedad, mediante el montaje de sociedades en apariencia independientes, cuyos pedidos encontraron eco en funcionarios judiciales llevados a error por la sofisticación del ardid empleado", señalaron fuentes de Vicentin.
La compañía agregó que la firma Commodities SA había presentado una falsa denuncia contra Renova -productora de biodiesel del grupo- en la que la acusaba de haber transferido una deuda a Vicentin después de la verificación concursal del crédito. A eso se le suma que la firma demandada cedió su crédito a sus accionistas y continuó agrediendo a Vicentin sin haber informado de esta cesión, para luego hacer creer al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que la propuesta concursal conlleva evasión fiscal.
Vicentin sañala, además, que Commodities pidió una medida cautelar de trámite irregular al Juez Posma (que hoy se encuentra en etapa de investigación penal en Rosario) para que este ordenara al Juez Lorenzini que se abstuviera de homologar el concurso de Vicentin. Y agrega que se llegó a pedir el juicio político del juez a cargo del concurso para intentar apartarlo del expediente.
La denuncia apunta también contra Olzen Industria de Comercio y Calzado, que mediante un poder a favor de los abogados Farina, Casanova, Mattos, Salvatierra, -luego representada por los abogados Feldman y Cosentino- realizó diversas acciones judiciales aparentemente independientes, pero todas ellas tendientes a obstaculizar el acuerdo de Vicentin.
Por último, la cerealera señaló a Mariano Grassi como el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin. Asimismo, lo señaló como la persona responsable detrás de las dos sociedades, con el mismo patrocinio de los abogados Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino.
Según la demanda, Grassi intentó llevar el concurso al departamento judicial de Rosario para tener mayor influencia y fraguó la existencia de fideicomiso, que nunca recibió los bienes fideicomitidos.
Vicentin aseguró que las víctimas de este plan fueron la propia cerealera, los verdaderos acreedores de la sociedad, que vieron demorado el pago de sus acreencias, y los trabajadores de la compañía, dado que la empresa se vio obligada a pedir el PPC a raíz de la perdida de caja.
