El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha declarado este martes para sorpresa la ley marcial , con críticas a la oposición, a la que ha acusado de servir a los intereses de Corea del Norte, y provocando la conmoción en un país con un pasado totalitario hasta la década de los años 80. Precisamente la última vez que se declaró la ley marcial en Corea del Sur fue en 1980, un año después del asesinato del dictador Park Chung Hee , que trajo consigo una ola de protestas en mayo de ese año para democratizar el país que fueron ampliamente reprimidas y dejaron, según algunas fuentes, cerca de 2.000 muertos. Siete años después se celebraron las primeras elecciones directas en Corea del Sur, consideradas las más reñidas de la historia hasta que en 2022, Yoon, del Partido del Poder Popular, se impuso por un exiguo 0,7 de margen a Lee Jae Myung, el líder de la oposición que ahora pide a la población que salga a las calles a protestar por esta ley marcial. Antes de que se haya dirigido a los surcoreanos para alertar de las «fuerzas antiestatales» que buscan llevar «a la ruina» al país, Yoon, de 61 años, ha tenido que hacer frente a bajos índices de popularidad debido a diversas polémicas y escándalos, incluidos los que salpican a su esposa, Kim Keon He. La primera dama surcoreana está implicada en una trama de manipulación de precios de acciones de un concesionario de coches BMW en Corea del Sur, entre 2009 y 2012, y ha sido acusada de aceptar, poco antes de la investidura de Yoon, un bolso de lujo de la marca Dior valorado en unos 2.000 euros. Este escándalo ha estado en el centro del debate político en Corea del Sur durante el último año y ha sido uno de los factores clave en la aplastante derrota del Partido del Poder Popular (PPP) en las elecciones del pasado 10 de abril. Desde entonces, Yoon ha tenido dificultades para imponer su programa en el Parlamento, tal y como ha evidenciado en algunos de los reproches que ha lanzado a la oposición durante el discurso en el que decretaba la ley marcial. La orden ha llegado poco después de que la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (PD), que tiene mayoría en el Parlamento, aprobara por la vía rápida un proyecto de ley de presupuesto reducido y presentara mociones de destitución contra el jefe de la auditoría estatal y varios fiscales.
