El consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha asegurado ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona que la decisión de la empresa de hacer contratos laborales a sus repartidores, anunciada el lunes, está orientada a evitar discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo, aunque considera que su modelo actual es legal, y ha desvinculado ese anuncio de su estrategia de defensa como imputado tras una denuncia de la Fiscalía por una posible vulneración de los derechos de los trabajadores, al operar con autónomos pese a las sentencias del Supremo y otros tribunales que establecen que los riders son empleados por cuenta ajena.
Pierre ha presentado siete sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que avalan la legalidad del modelo actual de Glovo. No obstante, ha señalado que el cambio hacia la contratación laboral responde a un deseo de alcanzar "paz social y con la administración". Según un comunicado emitido por su equipo de defensa, el CEO detalló que cuando Glovo comenzó a operar en 2014, la Inspección de Trabajo no puso objeciones al sistema de repartidores autónomos. Fue en 2018, argumentó, cuando la Inspección modificó su postura y exigió la "laboralización" de los repartidores, un proceso que culminó en una sentencia del Tribunal Supremo.
El despacho Martell Abogados, que representa a Glovo, ha defendido en un comunicado que la empresa no desatendió las resoluciones judiciales ni los requerimientos de la Inspección. Según el texto, las decisiones de los tribunales fueron analizadas "con rigor" para ajustar la relación con los repartidores y eliminar los elementos que los tribunales e Inspección señalaron como indicios de una relación laboral.
En este sentido, Pierre argumentó que la denuncia de la Fiscalía se basa en resoluciones derivadas de las primeras inspecciones laborales, que, aseguró, fueron atendidas y "que la denuncia no refiere un solo requerimiento, acta o resolución que contemple el modelo actualmente operativo" desde agosto de 2021, con la entrada en vigor de la "Ley Rider".
"Siempre que nos han dado la oportunidad, hemos contado con transparencia como hemos hecho las cosas. Celebramos poder haberlo hecho hoy también. En todo caso, ahora vamos a centrarnos en el nuevo capítulo que abrimos en España con el lanzamiento del nuevo modelo laboral. Queremos seguir invirtiendo en nuestro país de origen y principal mercado y seguir construyendo así el futuro de la economía digital", argumentan desde la compañía.
Una de sus líneas de defensa esgrimidas a lo largo de esta causa es que a los trabajadores les interesa mantenerse como autónomos. De hecho, algunos repartidores de la plataforma lamentan que esta decisión conllevará una precarización de la profesión, ya que los contratos que actualmente ofrecen otras plataformas son en su mayoría de media jornada y no permiten ni ganar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según los cálculos de Glovo, el cambio en el modelo de contratación estará vigente en 2025 y afectará a 15.000 repartidores actualmente activos en la aplicación. Según el Ministerio de Trabajo la regularización afectará un total de 60.000 riders que en algún momento se dieron de alta en la plataforma desde agosto de 2021.
Pese a las quejas de los repartidores que quieren seguir siendo autónomos, el Ministerio de Trabajo ha incidido este martes en que la denominada “Ley Rider”, que entró en vigor en agosto de 2021, obliga a tener asalariados a todas las plataformas presten los servicios que presten. En cuanto a los competidores de Glovo, Just Eat tiene a sus repartidores contratados, tanto directamente como mediante subcontratas, y Uber Eats cuenta con una opción de reparto para autónomo y con reparto en flotas de asalariados gestionadas por empresas externas.
