Acaba de entrar en vigor una nueva normativa en España que exige a hoteles, plataformas de alquiler vacacional, empresas de alquiler de coches y agencias de viaje recopilar más de 40 datos personales de cada cliente. La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la eficacia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, ha generado controversia en el sector turístico y entre los defensores de la privacidad.