Nada parará las reformas que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha fijado entre ceja y ceja. Ni siquiera la negativa a la patronal CEOE a sus propuestas le han puesto freno. Es más, en este final de año está acelerando para poder activar algunas de las nuevas legislaciones en el más corto espacio de tiempo. Así, Díaz ha avanzado que la reducción de la jornada laboral entrará en vigor "en torno a cinco o seis meses" y que prepara un plan de actuación con inteligencia artificial para controlar que las empresas cumplen al 100% con todos los derechos laborales de sus plantillas.
Mantiene así la presión sobre empresas, empresarios y patronales, a las que advierte que su rechazo a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales no frenará su aprobación, con o sin ello. "Vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos e inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente. Por tanto, nos vamos a un proceso legislativo en torno a cinco o seis meses", confirmó en declaraciones en la Ser.
Sin embargo, no parece que vaya a ser tan fácil. "El Gobierno no podrá hacer cumplir la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas de manera efectiva si no se refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos a la Inspección de Trabajo (ITSS), que es el encargado de hacer cumplir la normativa social". Así lo advirtó durante la Comisión de Trabajo del Senado la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, tras denunciar que la ITSS sufre una "alarmante disminución de efectivos", que impedirá asumir nuevas responsabilidades y más carga de trabajo, pero con los mismos recursos y sin que se hayan cumplido las promesas de Díaz de reforzar el organismo en personal y medios.
El Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, en este plan no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Por ello, Ercoreca avisa de que la aplicación de este plan "será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo". Por ello, ha reclamado la aprobación definitiva del proyecto de ley de Función Pública, en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y de la relación de puestos de trabajo para el colectivo, tal y como se pactó con el Gobierno. "Nada de eso se ha hecho pese a que está firmado. Llevamos ya varios años de retraso".
Por otro lado, volvió a dejar claro que su presión a los empresarios se va a redoblar lo que queda de legislatura tras confirmar que el Ministerio que lidera el ujso de la IA, con la que lanzará "auditorías algorítmicas en las empresas" que se basan en descifrar las fórmulas matemáticas que utilizan algunas compañías que penalizan a trabajadores que, por ejemplo, se encuentran enfermos o se suman a una huelga. "Muchos trabajadores tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores, sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo que los penaliza".
Asimismo, la ministra confirmó también que ofrecerá "formación algorítmica" en las empresas a los representantes sindicales, al igual que ya se hizo con las normas de emergencia climática y los llamados "permisos climáticos". También se incorporarán indicadores de vulnerabilidad para empleados que sufran estrés laboral, patologías psiquiátricas o problemas de salud mental derivados de su trabajo. Toda una batería de medidas para atar en corto a las empresas y que no puedan saltarse ninguna normativa.
