Diez autopsias que se debieron realizar el domingo quedaron pendientes por la renuncia de los médicos forenses a laborar horas extras, reportó este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La entidad indicó que dichas autopsias se empezaron a realizar a partir de este lunes en horario ordinario de los forenses, que desde el miércoles anunciaron su protesta debido a que no se atendieron sus demandas sobre el pago equitativo por disponibilidad, en comparación con el salario de un médico especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Policía Judicial detalló que remitirá los detalles sobre las autopsias no realizadas al Tribunal de la Inspección Judicial, órgano disciplinario del Poder Judicial, “para que sea este ente quien determine como se procederá al respecto”.
Además, una mujer en Liberia requería los servicios forenses como parte del Protocolo de las 72 Horas para víctimas de agresión sexual; sin embargo no pudo ser atendida, por lo que parte de la prueba se perdió, afirmó el director general del OIJ, Randall Zúñiga, ante la Corte Plena. En seguida, el OIJ presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
33 médicos forenses renunciaron a laborar horas extras en Poder Judicial
Según el último reporte de la Dirección General del OIJ, siete médicos de Patología Forense y tres de Unidades Regionales Médico Legales se retiraron de la protesta y volvieron a sus labores de horas extras, las cuales permiten que los servicios forenses funcionen las 24 horas y con la celos meridad que requieren las investigaciones.
El médico José Eliseo Valverde Alier había dicho el miércoles que 29 de los 46 médicos forenses del Poder Judicial se habían unido al movimiento. Este lunes, esa cifra se redujo a 25 médicos que se limitarían a trabajar solo entre las 7:30 a. m. y 4:30 p. m., de lunes a viernes.
Valverde, quien ha trabajado durante 27 años en el Poder Judicial, aseguró que la renuncia a la disponibilidad responde a una serie de irregularidades que han enfrentado desde 2010. Según explicó, recibían una base salarial considerada injusta, por lo que pedían ¢130.000 de aumento para equipararse con otros médicos especializados.
Para Zúñiga y el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo, el Poder Judicial no puede hacer nada al respecto, pues se requiere cambiar la ley en la Asamblea Legislativa, según expusieron ambos ante los magistrados.
“Del pago de disponibilidad se les paga un 35%, y al resto del Poder Judicial se le paga entre 10%, 5% y 1%, lo cual se está viendo que sería tres veces más de lo que se le paga cualquier otro servidor judicial”, dijo.
Zúñiga detalló que este martes el Consejo Superior, encargado administrativo del Poder Judicial, analizaría una solicitud para declarar la ilegalidad de la protesta.
El director afirmó que las demandas de los médicos empezaron luego de la renuncia del odontólogo forense más experimentado del país, José Manuel Fernández Chaves, a inicios del 2024. Añadió que aunque las autoridades judiciales aceptaron negociar, de parte de los sindicatos hubo “indisposición para alcanzar acuerdos en algunos temas puntuales”.
Por su parte, el director jurídico Campos indicó que de las 22 solicitudes entregadas por el sindicato, cuatro no se pueden atender por tema de legalidad, ocho fueron o serán atendidas y en diez se acordó adoptar acciones de mediano plazo.
Campos aseguró que es “improcedente” renunciar al pago de disponibilidad, como lo están haciendo los forenses, porque es una obligación intrínseca del puesto. Aunque se pudiera aumentar el salario, habría limitaciones presupuestarias para implementarlo en el 2025, agregó.
Por su parte, la magistrada de Sala Segunda, Julia Varela, manifestó que los médicos tienen razón en su inconformidad, pero que el Poder Judicial no la puede resolver.
Este medio solicitó una reacción a la Unión Médica Nacional, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
